En el gobierno, no sólo Luis D'Elía corta tranqueras e invade campos ajenos. La semana que pasó fue más que prolífica en paseos de funcionarios por los jardines de los demás, en discursos y acciones. Pruebas al canto: "El superávit fiscal es una política de Estado para siempre", frase que naturalmente podría adjudicársele a la ministra de Economía fue pronunciada el miércoles ante hombres de negocios por Julio de Vido. "Mientras esté Kirchner se hará obra pública", dijo Felisa Miceli el jueves en otro Foro, al devolverle la pelota a su colega de Planificación.

Hay más: ese mismo día, Miceli se excusó por sus reiteraciones porque otros ministros "ya hicieron mi trabajo", dijo. Un rato antes, De Vido había insistido en pedirle acción de los inversores y Alberto Fernández, en asegurar que esta administración los "enamora", no sin antes sugerir que el crecimiento argentino deja pálida de envidia nada menos que a China.

¿Es hilar demasiado fino o simplemente los funcionarios han querido mostrarse ante el presidente como "su mejor alumno"? Es que Kirchner, convencido de que tras las leyes que consagran los superpoderes y la vigencia de los DNU ha quedado como único fusible del proceso, los echó al ruedo y la necesidad de cumplir hizo que las rencillas domésticas salieran descarnadamente a la luz.

Si hasta el tono de las alocuciones no pareció siquiera planificado como un discurso marketinero único y coherente y a los analistas les quedó la duda letal sobre si se pidieron las inversiones por auténtica convicción, para contrapesar los desaguisados de D'Elía o los que se cometen en materia de inserción internacional, donde la cercanía a Venezuela ya es un grano imposible de ocultar, o por una necesidad imperiosa de que el agua no llegue al cuello y se frene el crecimiento.

Los reparos de los observadores no alcanzaron a buena parte de los empresarios, que bajo este "nuevo modelo productivo" (Miceli) o el llamado "espacio de articulación pública-privada" (de Vido), demasiado parecido al de los años 60/70, están ganando ahora mucho dinero y saben que si son "ambiciosos", tal como les pidió el ministro de Planificación, siempre estarán dispuestos a escucharlos en la Casa Rosada, donde hoy un subsidio no se le niega a nadie.

El caso de los créditos hipotecarios también tuvo sus bemoles en materia de internas. Aquí se sumaron al elenco de los cruces el inefable secretario de Comercio, Guillermo Moreno y el presidente del Banco Central, Martín Redrado. Todo comenzó hace un par de semanas con dos datos del Indice de Precios que a Moreno se les hacen difíciles de encorsetar: las expensas y los alquileres, estos últimos mucho más ya que se realimentan -pese a estar prohibido- por la indexación del costo de vida, por acuerdo voluntario entre los privados. Lo cierto es que Miceli se le adelantó a su secretario con recomendaciones a los consorcistas para vigilar la suba de los gastos comunes, mientras que éste ganó finalmente la pulseada sobre los controles de alquileres que proponía la ministra a través de la Afip, tal como lo adelantó esta columna la semana anterior.

Pues bien, Moreno avanzó al respecto y de conversaciones con el presidente surgió un irresistible argumento electoral, a través de un agresivo plan de créditos hipotecarios en pesos y a tasa fija. Pero la realidad hizo tropezar al secretario, economista de profesión, con algunos escollos difíciles de salvar: la relación cuota-ingreso, las tasas de interés y la falta de financiamiento a largo plazo. Entonces, Moreno se fue a tomar mate al Banco Central y su titular lo puso al tanto de las cosas sobre las cuales ya estaba trabajando la autoridad monetaria. En primer lugar, Redrado le recordó al secretario que, hace dos semanas, el BCRA sacó una norma por la cual elevó de 70 hasta 90 por ciento el rango de crédito hipotecario que los bancos pueden otorgar con una menor penalidad de exigencia de capital propio (4% mientras que por la diferencia deben encajar 8%). Y luego le desgranó todos los temas en los que se trabaja desde hace meses, con la promesa de poner a todo el directorio en la línea de fuego durante el fin de semana para tener listas las normas a tiempo de los anuncios, que se harían a mediados de esta semana:

* Posibilidad de leasing hipotecario (alquiler con opción a compra) para vivienda única y permanente

* Scoring (tomar como buen pagador de créditos al que ha cumplido con sus alquileres)

* Terminar de homogeneizar con las asociaciones de bancos los manuales de créditos hipotecarios para securitizar carteras y conseguir fondeo de largo plazo.

* Provisión de información transparente a los tomadores de créditos, con el costo final incluyendo la tasa, gastos y comisiones.

* Búsqueda de convenios con escribanías y compañías de seguros para generar competencia y bajar aranceles, etc.

Al día siguiente, fue Redrado quien se puso bajo el brazo las mismas carpetas para comentarle las mismas cosas a Felisa Miceli, quien lo llamó a Economía para comenzar a armar el subsidio que probablemente funcionará bajo el transparente estilo de las licitaciones que se hacen para las Pyme, por las cuales el deudor paga una parte de la tasa y el Tesoro otra.

El problema que queda por cerrar es la relación entre el ingreso del tomador y la cuota a pagar (hoy el promedio está en 30/35 por ciento, con mejoras hasta 50% para los sueldos mayores) y allí los expertos piensan que deberá llegarse a una solución política, ya que si bien la cuota podrá bajar algo por algún estiramiento de los plazos, el salario real no subirá en lo inmediato y por lo tanto deberá salvarse el escollo con alguna solución técnica aún no hallada.

Precisamente, la lentitud de los ritmos burocráticos del Banco Central fue criticada con dureza a mediados de semana por el banquero Jorge Brito, titular de Adeba, la asociación que nuclea a los bancos nacionales. Estas declaraciones motorizaron un operativo mediático muy evidente contra Redrado, que algunos atribuyeron a la influencia de otro ex banquero a quien el Central habría amenazado con rematarle un edificio de su propiedad.

Sin embargo, DyN pudo establecer que la verdadera razón de la pulseada se llama 400 millones de pesos al año, que se transferirán del balance de las entidades al haber del Banco Central, a partir de la puesta en marcha de una norma reciente, que retrotrae la manera de computar los encajes a los tiempos previos al corralito, sin que los bancos puedan sumar el efectivo de sus cajas o de sus tesoros como parte de los mismos. "O el Central no tiene todos los recursos fiscales que necesita para el Programa Monetario o quiere bajar la posibilidad de someterse a la prueba de mercado de las licitaciones de Letras", explicó un banquero quien comparó la situación con los años 80: "Si tengo problemas fiscales subo encajes", señaló antes de calcular cuánto le costará a los bancos la medida.