Diputados de distintos signos políticos anunciaron la presentación de sendos proyectos para mejorar los alcances del proyecto de moratoria jubilatoria en vigencia desde el Estado Nacional. Uno de ellos, Alberto Maguid (PJ), lo hizo con el apoyo de la CGT Santa Fe, mientras que la otra iniciativa pertenece a Héctor Jullier (PDP).
En el caso de Maguid, solicitó que "el Poder Ejecutivo estudie la posibilidad de facilitar a aquellos ciudadanos de la provincia que cuenten con la edad requerida por la normativa vigente para acceder al beneficio jubilatorio -pero carezcan de los recursos económicos necesarios- el acceso al plan de facilidades de pago establecido por la ley nacional Nº 25.994 en su artículo 6º, mediante el otorgamiento de un subsidio que permita a dichas personas abonar la primer cuota de la moratoria correspondiente".
El vicepresidente de la fundación "Producción y Trabajo", Alberto Cejas, indicó que la iniciativa surge de los requerimientos de mucha gente, cuya precaria situación económica le impide acceder a la moratoria.
La ley 25.994 permite que los hombres con 65 años y las mujeres con 60, cumplidos al 31 de diciembre de 2004, que no podían gestionar su jubilación por no tener los aportes correspondientes, pudieran acceder a un régimen de facilidades de pago, lo que les permite abonar lo que deben por aportes al tiempo que cobran la jubilación. Como requisito, se estipula el pago de la primera cuota, ya que es la que consolida este plan de facilidades de pago, y las restantes se debitan de la jubilación. La iniciativa de Maguid apunta a que sea el gobierno provincial el que pague la primera cuota, "mecanismo adoptado por otras provincias", según aclaró.
De Jullier
En tanto, el demoprogresista Jullier encomendó al Poder Ejecutivo que gestione ante Anses para que, una vez ingresado al sistema de moratoria, el organismo priorice los casos de personas con bajos recursos.
Tomando cifras del Indec, el legislador explica que la provincia tiene unas 437 mil personas en edad para acceder a esta moratoria, de las cuales 162 mil son demandantes directos desde el momento en que son personas que trabajan, buscan trabajo o están inactivas pero carecen de jubilación.
Jullier tomó como referencia un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino que sostiene que la jubilación anticipada implica inequidades "porque no se puede controlar a todos los que ingresan al sistema, ya que todas las personas mayores sin haber previsional no son pobres; no hay ningún tipo de restricción; una persona puede tener varias propiedades o un buen ingreso". El legislador adhirió al trabajo cuando sostiene que es probable que sean personas de los niveles más altos las que aprovechen el mecanismo.
