Términos como calidad institucional, transparencia de las prácticas administrativas, control ciudadano, horizontalidad en la toma de decisiones, descentralización de la gestión o democratización, pueblan los discursos de los dirigentes políticos que ocupan cargos públicos en distintos niveles del Estado en la Argentina.
Cada vez se usan más, pero lamentablemente, casi todo queda sólo en la enunciación de estas encantadoras significaciones, que otros países sí se han tomado en serio. Aquí, muy pocas veces se pasa a la práctica.
Es exactamente lo que ocurre con el derecho al acceso a la información en la provincia de Santa Fe, donde el principal obstáculo para la sanción de una ley que lo garantice ha sido la mayoría de los miembros que componen la Cámara de Senadores.
El proyecto tiene un muy amplio consenso social y no se conocen detractores (al menos públicos) fuera de la Cámara Alta. Su impulsor es el Poder Ejecutivo provincial y el texto obtuvo una unánime media sanción de la Cámara de Diputados, con el acuerdo de todos los bloques con representación parlamentaria.
Los senadores que se oponen forman parte del bloque justicialista (que en Diputados apoyó decidido la sanción). A través del tiempo, tuvieron distintas posiciones frente al tema, con idéntico resultado: evitar la sanción de la ley.
Desde que el gobernador provocó el debate, hace ya tres años, han optado primero por sostener abiertamente su negativa, luego por condicionar su ejercicio (cambiando el texto original apoyado por la enorme mayoría de las entidades intermedias preocupadas por hacer realidad los términos con que comienzan estas líneas), y durante este año, con excusas varias para evitar su tratamiento. La última, consiste en la idea de que Santa Fe debe amoldarse a una legislación nacional, que -en realidad- tampoco existe, gracias a un recurso similar al que aquí se usa.
Vale la pena recordar todos estos antecedentes en el día de hoy, cuando se celebra el Día Mundial del Derecho al Acceso a la Información.
