Un grupo de querellantes, denunciantes y testigos de causas vinculadas con la última dictadura militar se reunió ayer con el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y el secretario de Derechos Humanos, Domingo Pochettino.

Ante la preocupación generalizada que provoca la desaparición de Julio López, testigo clave en el caso Etchecolatz, y las amenazas que han recibido jueces federales de todo el país, los hombres y mujeres recibidos ayer por Rosúa le reclamaron garantías y seguridad, y le exigieron la renuncia de todos aquellos funcionarios y policías que pudieran estar vinculados con el proceso militar.

"El ministro escuchó atentamente todo lo que planteamos y prometió tomar medidas, como revisar (el historial de) aquellos personajes de la fuerza policial que tengan alguna acusación sobre la época", dijo Jorge Pedraza al término de la reunión.

Puntualmente, lo que exigieron es la renuncia del Tte.Cnel (R) José Alberto Bernhardt, actualmente director de Emergencias de la provincia. Lo cuestionan por haber integrado en 1982 el Batallón de Inteligencia 601 y por haber tenido como colaborador directo a Nicolás Correa, hoy detenido.

Jorge García, otro de los querellantes, advirtió que lo que le reclamaron a los funcionarios fundamentalmente fue "una profunda investigación" sobre quiénes podrían ser capaces de atentar contra ellos.

"La mujer del César, además de ser honesta, tiene que parecerlo. Nosotros creemos que en el gobierno provincial todavía hay algunos personajes que tienen un pasado relacionado con la dictadura", insistió.

Por su parte y en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno se comprometió públicamente a dar "todo tipo de garantías y custodias" a quien pueda sentirse en situación de peligro o preocupación.

"Nuestra posición es la de proteger a todos los testigos y denunciantes que puedan estar afectados por esta ola de amenazas que están cursándose sobre jueces, fiscales y testigos", sostuvo Roberto Rosúa.

Con respecto al pase a retiro de policías comprometidos, el ministro advirtió que durante el primer gobierno de Obeid "ya se sacó de las fuerzas a una cincuentena de agentes vinculados con el terrorismo de Estado". Igualmente, dijo que, si existen nombres y denuncias concretas de más agentes, se abrirá la investigación correspondiente y serán separados de la institución.

En el caso de Bernhardt, en cambio, Rosúa aclaró que no tiene "ningún elemento condenatorio" para exigirle la renuncia.

En tanto, ayer, en Rosario, Alicia Bernal, querellante en la causa Feced, denunció la irrupción de desconocidos en su domicilio y la recepción de un correo electrónico sospechoso. Estas intimidaciones se produjeron un día después de que Pochettino se reuniera con el presidente de la Suprema Corte de la Nación, Santiago Petracchi, quien ratificó la disposición de ese tribunal a garantizar la prosecución normal y rápida de los juicios por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar.

Bernal, hija del dirigente comunista Rubén Tito Messiez, secuestrado el 22 de agosto de 1977, sostuvo que el primero de los hechos intimidatorios se produjo el sábado, cuando recibió una "extraña" llamada al teléfono fijo de su casa. Cuando atendió, comenzó a oír voces que después logró reconocer: eran sus compañeros de la Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos que en ese mismo instante estaban reunidos en la sede del organismo. En la reunión hablaban sobre la desaparición de Jorge Julio López. Bernal le dio el teléfono a su marido, mientras ella llamaba a un compañero que estaba en el encuentro. Entonces, Alicia comenzó a escuchar la conversación que mantenía con este militante. "Mi marido oyó lo que respondía mi compañero cuando hablaba conmigo y, al fin, quien estaba del otro lado cortó"; Bernal sospecha que los aparatos estaban intervenidos. "Había alguien que estaba ahí y quería demostrarme que podía escuchar lo que se hablaba en esa reunión", dijo a El Litoral.

El otro hecho se produjo anteayer, cuando, al regresar a su departamento, se topó con toda su casa revuelta. Alicia presentó una denuncia ante la Fiscalía Nº 10, a cargo de Rita Schiappapietra, quien solicitó al juez de Instrucción en turno Alfredo Ivaldi Artacho que abra un sumario "por amenazas y hurto calificado".

El ministro de Gobierno sostuvo ayer que el caso Fraticelli "se está tratando de politizar" y opinó que eso es "equivocado". De todas maneras, evitó sumarse a la polémica generada por los dichos del destituido juez, quien responsabilizó de su condena al ex gobernador Carlos Reutemann.

"No puedo hablar sobre la causa porque no leí el expediente. Pero todo lo que está ocurriendo es consecuencia de un sistema procesal penal en el que la provincia tiene el raro privilegio de tener notables atrasos. El origen de todo se centra en las deficiencias de un sistema penal que nosotros proponemos reformar", insistió el funcionario.

Rosúa se definió "reformista desde siempre", pero admitió también que nunca hasta ahora se habían logrado los consensos necesarios como para llevar adelante una reforma del sistema judicial en general y del penal en particular.

Con respecto al pedido público que hizo Fraticelli para que este gobierno le garantice un proceso imparcial, Rosúa contestó: "Este gobierno garantiza todo proceso imparcial y limpio a través de los códigos de procedimiento. De ninguna manera vamos a tener alguna acción de presión o de modificación de las conductas que puedan alterar la libertad de los jueces para resolverlo. Tienen todas las garantías de un proceso penal limpio. Yo comprendo que en algunas declaraciones Fraticelli pueda exagerar, y es natural, porque se está tratando de defender. Pero lo que garantizo desde el Estado provincial es que todo proceso, en lo que al Ejecutivo refiera, es absolutamente libre de toda presión política, para que el libre juego de la democracia pueda funcionar".