La experiencia histórica y el sentido común aconsejan a los gobiernos a mantener relaciones institucionales correctas con la Iglesia Católica. El principio alcanza a la propia institución eclesiástica, cuyas relaciones con el poder y la política suelen ser controvertidas. Sin embargo, pareciera que estos principios orientadores hoy han perdido vigor, sobre todo si se tienen en cuenta las declaraciones de los últimos días por parte de dirigentes del oficialismo y dignatarios de la Iglesia.

Dilucidar quién arrojó la primera piedra suele ser un esfuerzo vano; importa más advertir a la máxima autoridad política de la Nación que la conflictividad permanente es efectista pero poco sabia, y que las pequeñas y opinables victorias coyunturales que puedan obtenerse por ese camino tarde o temprano se pagan con pérdida de legitimidad.

Sería cómodo teorizar sobre las responsabilidades compartidas. Sería cómodo pero injusto e incorrecto, porque en una sociedad democrática es al gobierno nacional a quien le corresponde, en primer lugar, asegurar la convivencia política. Es verdad que en las sociedades modernas los conflictos tienden a magnificarse, pero la cultura democrática asegura un determinado tratamiento de las tensiones propias de sociedades pluralistas y complejas.

Ese estilo es el que Kirchner deja de lado, mostrándose siempre propenso a privilegiar el conflicto como una práctica relacionada más con la acumulación primitiva de poder político que como una fórmula de gobernabilidad republicana.

Concebir a la democracia como un campo de batalla integrado por enemigos que deben ser derrotados o sometidos significa cambiar su sentido último por las reglas de la guerra. Tarde o temprano estas concepciones degradan en violencia y en rupturas sociales.

En nuestro país, la Iglesia católica ha dado pruebas más que suficientes de aceptar el orden democrático. Pertenecen a un pasado lejano los rechazos de la Iglesia a la soberanía política del Estado nacional. Según criterios de análisis la Iglesia podrá ser más conservadora o más progresista, pero lo que importa es el reconocimiento pleno del Estado de derecho, y al respecto no hay objeciones que hacer.

Las relaciones de la Iglesia con la política siempre han sido difíciles. El derecho canónico señala que no es aconsejable que los sacerdotes intervengan en política, salvo en situaciones excepcionales. La candidatura de monseñor Piña en las elecciones constituyentes de Misiones puede ser opinable, pero esto no autoriza al presidente de la Nación a agredir a la institución reprochándole de un modo genérico y simplista su actuación durante los complejos años de la dictadura militar. Estas posturas reduccionistas son erróneas e injustas, y, a decir verdad, pocos argentinos saldrían indemnes si el encuadre fuera tan rígido.

Se sabe que el camino de los agravios y los reproches mutuos conduce a callejones sin salida. Puede que el padre Guillermo Marcó haya empleado alguna palabra de más en sus recientes declaraciones, pero el actual conflicto no se originó por el uso de alguna palabra de más o de menos, sino por la incorregible pulsión del gobierno a hegemonizar el espacio político.