Amra mediará en las negociaciones de las partes
Compás de espera entre Salud y los terapistas
Luego de que se anunciara que algunos médicos de la terapia intensiva del Alassia hoy iban a hacer una presentación judicial contra el gobierno provincial y funcionarios de Salud, por el funcionamiento del servicio, la ministra decidió convocar a Amra para dialogar.

Mariana Rivera

A pesar de que -según aseguran sus médicos- los chicos internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (Ucip) del hospital de niños Dr. Orlando Alassia nunca fueron desatendidos, ese servicio continúa funcionando de manera desorganizada por la falta de jefes que coordinen la atención de los pacientes y la escasez de profesionales especializados de las guardias.

Esta situación se inició cuando el Ministerio de Salud aceptó la renuncia de los 17 terapistas que se desempeñaban en la Ucip, apostando a que otros especialistas se presentaran a la convocatoria nacional lanzada para reorganizar el servicio. La solución tampoco llegó de esta manera y -paralelamente- se decretó la emergencia sanitaria en la provincia, que habilitó al Ministerio de Salud a convocar -incluso con la fuerza pública- a los médicos renunciantes a volver a desempeñar funciones en la terapia intensiva del Alassia, además de demandarlos por falta de ética profesional por haber renunciado a sus cargos.>

Este mediodía, un grupo de estos profesionales -a través del Dr. Domingo Rondina, su abogado patrocinante- convocó a una conferencia de prensa en las puertas del establecimiento de salud. La intención era anunciar la presentación de varias demandas judiciales contra el gobierno provincial y funcionarios de la cartera sanitaria, con el único fin de reorganizar el servicio.>

Sin embargo, se anunció que la presentación será postergada hasta después de la reunión que el próximo viernes mantendrá la ministra de Salud, Silvia Simoncini, con el gremio de Amra, que aceptó mediar entre las partes, que -coincidentemente- esta mañana fue anunciada.>

Acciones previstas

No obstante, el abogado de este grupo de terapistas anticipó cuáles serán las acciones judiciales que van a ser presentadas: la inconstitucionalidad del decreto del gobernador de la emergencia sanitaria provincial, hábeas corpus para liberar a los médicos de las guardias forzadas, y denuncias penales para que se investigue la posible comisión de los ilícitos de privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el gobernador, la ministra de Salud y el subsecretario de Salud.

Explicó que "decidimos pedir al fiscal de Instrucción que investigue si se habría cometido un delito por parte del gobernador, la ministra de Salud y el subsecretario del área. Se podría haber cometido la privación ilegítima de la libertad porque esta obligación de ir con la Policía a trabajar surge de un decreto de emergencia del gobernador Obeid. El Estado sólo puede requerir los servicios personales a través de una ley, en su sentido formal, emitida por la Legislatura y no por un decreto, ni siquiera si el gobernador invoca que es de necesidad y urgencia, categoría que no existe en la provincia".>

Por eso -continuó Rondina-, planteamos la inconstitucionalidad de ese decreto y, por lo tanto, la privación ilegítima de la libertad. Además, entendemos que hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público por dictar esta norma contra la Constitución y por no cubrir adecuadamente las guardias.>

Por último, adelantó que se planteará un hábeas corpus por algunos de los médicos que están sufriendo daños en su salud, como uno que ya sufrió dos cuadros hipertensivos desde que empezó esta situación. Al respecto, planteó que "al estrés que significa la terapia intensiva con chicos que están en peligro de vida permanente hay que sumarle la situación en que están trabajando estos profesionales: contra su voluntad y con un Policía en la puerta que los controla. Esto está provocando que estén haciendo episodios de tipo cardíaco, neurológico, psiquiátrico, que están deteriorando su salud. La presentación pretende que el juez determine que esta privación ilegítima de la libertad tiene que cesar. Hay varios otros médicos que tienen afectación de la salud importante".>

Servicio de calidad

El Dr. Domingo Rondina -abogado patrocinante de un grupo de terapistas del Alassia- aseguró que se pretende reorganizar el servicio para que vuelva a funcionar como antes. Advirtió que "el viernes pudimos verificar, mediante constatación notarial, que ponían un solo médico de guardia activa, cuando había 12 camas habilitadas. La normativa ministerial a nivel nacional dispone que cada 8 camas o fracción debe haber un médico".

"Por eso -prosiguió-, en nuestro caso tendría que haber dos médicos permanentes y el Ministerio está cubriendo las guardias con uno solo porque no tiene cómo cubrir a los profesionales renunciados, no quiere llamar a todos los renunciados, lleva con la Policía sólo a un grupo y a los otros los considera cabecillas o lista negra".

También cuestionó que "actualmente están llevando a trabajar a los médicos con la Policía. Les avisan que tienen guardias desde las 8 de hoy hasta las 8 de mañana y si no va a trabajar son buscados con la fuerza pública. Se imaginan la calidad de servicios que se presta con médicos que son llevados por la fuerza pública, como si fuera la forma de mantener una terapia intensiva".

Por último, agregó que "los médicos que renunciaron son profesionales de calidad, algunos con más de 20 años de terapia intensiva pediátrica. El ministerio no puede perderse este recurso humano por caprichos gubernamentales del momento. Hay que buscar un buen servicio y para eso el ministerio tiene que sentarse a dialogar con sus médicos".

Un testimonio

Con lágrimas en los ojos, la Dra. Sonia Peyrano dio su testimonio de cómo se trabaja en la terapia intensiva del Hospital de Niños. "Trabajamos en un lugar crítico y no podemos estar en estas condiciones. Pedimos que no nos lleguen más telegramas convocándonos. Lo único que estamos solicitando es trabajar como se debe en un servicio crítico. Dejé sentado expresamente que no puedo atender a chicos críticos en este estado", cuestionó.

Y continuó: "Renunciamos y nos siguen obligando a trabajar, que es lo que no entendemos. Los chicos siempre estuvieron atendidos pero hay situaciones en que uno debe decir basta. El viernes 22 de setiembre nos dijeron `váyanse a sus domicilios que llega un nuevo plantel a hacerse cargo', pero sólo vi a dos personas. A mí no me convocaron para dialogar posteriormente desde el ministerio".