Una situación que en las últimas semanas se fue agravando hasta tornarse insostenible derivó por estos días en la paralización del servicio de transporte urbano de pasajeros. Fue por algunas horas, el sábado a la noche, y tomó desprevenidos a miles de usuarios que se quedaron sin un servicio que -vale la pena insistir- sigue siendo esencial. La reiteración de hechos de violencia dentro de los colectivos y en jornadas en que disputan partidos de fútbol los equipos locales se volvió habitual y peligrosa, tanto para los choferes, como para el resto de los pasajeros y para los propios hinchas que entran y salen por ventanillas y llegan a viajar colgados de los coches, según el relato de los trabajadores del volante.
Si bien era una situación conocida, incluso por los usuarios que en distintas oportunidades compartieron recorridos con barrabravas en momentos previos o posteriores a un cotejo, se hizo pública en la última semana, luego de concretada una medida drástica como lo fue la interrupción del servicio. Una vez más se apeló al paro como opción frente al conflicto, en este caso motivado por la violencia pero en otros en la falta de recursos, de subsidios, de aumentos salariales o por la demora en la determinación de una nueva tarifa.>
Esta cuestionada medida de fuerza estuvo motivada en una situación: la violencia había puesto en riesgo la integridad de otras personas, además de provocar daños en las unidades que prestan el servicio, que para ser reparadas -porque los empresarios hablan de roturas y daños materiales- demandaron erogaciones y pérdida de tiempo económicamente valiosas. En definitiva, de una u otra manera se termina resintiendo la prestación normal de la actividad y afectando a los pasajeros.>
A la publicidad de estos hechos siguieron gestiones y reuniones en las que se coincidió en una prueba piloto: destinar colectivos especiales para el traslado de los hinchas, una medida que divide aguas en la opinión pública y genera nuevos interrogantes: ¿se puede responder a la violencia con un servicio diferenciado, diseñado a medida de quienes provocaron los desmanes? ¿Soluciona el problema de fondo la afectación de unidades especiales? ¿Qué ocurriría si se producen nuevos desmanes en unidades regulares? En ese caso, ¿se ampliará la cantidad de coches a disposición de quienes apelan al lenguaje de la violencia para expresarse?>
Es cierto: la situación no daba para más, y tanto choferes como usuarios habituales -sin dudas la mayoría de los que utilizan el servicio- requieren y merecen garantías para circular.>
Pero la solución adoptada, además de discutible, sólo puede ser aceptada como una medida de emergencia, un mal menor necesariamente transitorio, hasta que se acierte a poner en marcha acciones de fondo para abordar las conductas que dieron origen a la situación. Probablemente, el peor error sería conformarse con una salida precaria, abriendo la puerta a que la ciudad quede bajo el imperio de la ley del más fuerte.>
