Se trata, ante todo, de un bien público, que también es personal y social, es decir, todos tienen derecho a recibir una educación de calidad. No puede haber una escuela buena para unos y regular para otros. En esto cumple una tarea indelegable de justicia el Estado asegurando una buena educación para todos. También debemos señalar que es obligación del Estado sostener y garantizar la libertad de enseñanza como un derecho de los padres garantizado por la Constitución Nacional. Esto significa que en la unidad de nuestro sistema educativo, que es público, conviven el de gestión estatal y el de gestión privada. Esto es una riqueza que asegura a los padres el poder de elección de acuerdo con sus propias convicciones y creencias y, por otra parte, permite enriquecer la oferta educativa del mismo sistema. No es justo que una familia que paga los impuestos no pueda ejercer su derecho constitucional de elegir la educación para sus hijos. Por ello hablamos del principio de la justicia distributiva, que es el que permite, con el aporte del Estado, sostener de modo equitativo la educación de gestión pública como privada. Creo que plantear hoy enfrentamientos entre escuela pública y privada es desconocer la realidad, la historia y los derechos que implica el ejercicio de la libertad de enseñanza.