La legislación recientemente sancionada propone eliminar la institucionalización. La subsecretaria provincial de Infancia dijo que se trabajará en pos de ese objetivo. Pero advirtió sobre una serie de casos en los que estos establecimientos seguirán siendo imprescindibles.
De la redacción de El Litoral
En un proceso trabajoso, que involucra a magistrados, ONGs y funcionarios públicos, la provincia intenta bajar a la práctica los términos de la nueva ley nacional del Menor que, sobre todo, plantea eliminar la institucionalización de los chicos, y quitar la potestad a los jueces de Menores, de actuar en materia de abandono o maltrato del menor.
El próximo 16 de marzo, representantes de todas las provincias volverán a encontrarse con funcionarios nacionales, en el marco de una nueva reunión del Consejo Federal del Menor, para avanzar en la aplicación de la norma. >
Por lo pronto, la subsecretaria de Infancia, Adolescencia y Familia de Santa Fe, Luisa Donni, dijo que ya se acordó con el gobierno central, una ayuda económica para la provincia por los próximos tres meses.>
"Se trata de un aporte dinerario fijo que nos dará la Nación de 375 mil pesos por el primer trimestre del año. Después, en la reunión del 16 de marzo, se discutirá cuánto será el presupuesto definitivo que se asignará a cada provincia, según una serie de indicadores que se están elaborando", comentó.>
El aspecto presupuestario no es menor. Nadie discute las bondades de la nueva ley, pero todos advierten en paralelo que cada paso tiene su costo: desde el fortalecimiento de las áreas administrativas que suplirán el trabajo de los juzgados, hasta la asistencia a las familias que contendrán a los chicos, una vez que hayan abandonado el sistema de hogares.>
Los institutos
En diálogo con El Litoral, Donni contó cómo avanza en la provincia el proceso para terminar con la institucionalización de los menores.
"Hay muchos chicos que están egresando. De la Casa de la Niña, por ejemplo, egresaron 25 chicas que se fueron con sus familias de sangre o por afinidad. La idea es seguir con esta política, fortaleciendo a la familia biológica o los vínculos con las familias ampliadas (tíos, primos). Y en caso de que no las encontremos, entonces iremos a las familias sustitutas", explicó.>
Sin embargo, la subsecretaria aclaró que no debe pensarse en la eliminación definitiva de estos establecimientos. A su entender, algunos serán necesarios. >
"La aplicación de la ley nos exige poner todos los esfuerzos habidos y por haber para no institucionalizar. Pero esto no quiere decir que vayan a desaparecer todos los institutos. Si tenemos chicos abusados sin un familiar cercano y el tema es urgente, necesitamos un instituto", ejemplificó.>
"Lo que va a suceder -continuó- es que los menores no van a estar institucionalizados por más de noventa u ochenta días. Pero esa instancia va a ser necesaria y útil para la emergencia o para la situación nueva".>
Otros casos
Del mismo modo, Donni advirtió que deben ser tenidos en cuenta los casos de chicos "más grandes", para quienes el retorno a la familia "es difícil", tanto como hallar un grupo familiar que pueda contenerlos.
"Esto exige una aceptación recíproca entre el menor y la familia. Es difícil la recepción y el sostenimiento en el tiempo. Entonces, también en estos casos será necesario el instituto, hasta que se reconstruya el vínculo. Lo mismo para los menores que egresaron, y en la familia no les fue bien. O el caso de los hogares de los pueblos del interior, donde hay pocos chicos pero que ya se constituyeron como lugares muy familiares y no entienden por qué el grupo se tiene que desarticular", señaló.>
La subsecretaria aclaró, de todos modos, que estos institutos están siendo dotados de un nuevo perfil; serán más modernos, con atención personalizada, y con más profesionales que puedan hacerse cargo del problema de los chicos. >
"Pero quien piense que las instituciones van a desaparecer, se estaría llamando al engaño. Sería una utopía y pararse fuera de la realidad", concluyó.>
El drama de las adicciones
Uno de los puntos débiles de la política de minoridad que quedó evidenciado en reiteradas oportunidades durante el año pasado, fue la ausencia de institutos en la provincia para contener y recuperar a chicos y adolescentes con problemas de adicciones. Luisa Donni admitió a El Litoral, que su área planteó dicha carencia directamente al gobernador de la provincia.
"Nosotros marcamos la necesidad de abrir nuevos institutos para esta problemática -sostuvo-, porque en estos momentos estamos trabajando con dos instituciones (una en Cañada de Gómez y otra en Rosario), mediante convenios por plazas. Pero muchas cosas escapan a estos convenios, porque a veces las adicciones se mezclan con salud mental o con chicos que cometieron ilícitos".
La funcionaria contó que esta situación generó una conversación con el secretario de Promoción Comunitaria, Juan Carlos Forconi y Jorge Obeid, en la que decidieron darle intervención también al Ministerio de Salud.
"La idea que se empezó a trabajar entonces, fue la de habilitar dos nuevos institutos o dispositivos, uno en Santa Fe o en el centro de la provincia, y otro en Rosario", comentó. "Nosotros (en alusión a la subsecretaría que conduce) tenemos trabajadores sociales y psicólogos, pero no podemos intervenir en temas que son exclusivos de Salud Mental, porque se necesitan siquiatras y médicos, y que los chicos sean monitoreados".
La funcionaria aclaró, además, que los centros que dependen de su área trabajan con casos en los que hay voluntad del internado de recuperarse.
"Pero hace falta algo más cerca en las dos principales ciudades -alertó-. Otro problema que tenemos es que hay chicos adictos menores de catorce años, que no son aceptados por su edad en las instituciones con las que trabajamos por convenio. Ése es otro problema a resolver", apuntó.
Juzgados
A partir de lo que establece la nueva ley, Donni contó las primeras experiencias sobre su relación con los jueces.
"Trabajamos con los juzgados que aceptan hacerlo con nosotros. Primero adoptamos la medida excepcional, tomamos en custodia al niño o la niña, protegemos a la criatura y la derivamos a un lugar bien cuidado bajo nuestro control. Después se pide la convalidación a la Justicia. Hay un planteo de inconstitucionalidad de la ley, y eso genera mucha incertidumbre, pero no por eso dejamos de tomar la medida que corresponda. El único problema que se nos puede plantear es cuando necesitemos el auxilio de la fuerza pública, pero eso hasta ahora no ha sucedido", relató.
