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El juez Norberto Oyarbide, que investiga los asesinatos de la Triple A, afirmó que en caso de que la Audiencia Nacional de España no conceda la extradición de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, podría "remitir las pruebas para que sea juzgada" en ese país. Además, expresó "en forma terminante" que "no existe ninguna prueba" que vincule al ex presidente Juan Domingo Perón con el funcionamiento de la banda parapolicial que actuó bajo el paraguas del terrorismo de Estado de los años 70.
El magistrado dijo a Radio del Plata que el proceso puede convertirse en "una de las causas importantes de la historia de la Justicia argentina", detrás del juicio a las Juntas Militares.>
"Para el caso de que el juez español decida no conceder la extradición de la señora María Estela Martínez de Perón, quiero trasmitir que por las normas de los tratados entre la Argentina y España podría llegar a remitir toda la prueba a España, para que un juez la juzgue a ella", expresó el magistrado.>
Oyarbide reiteró que pidió la prisión preventiva de Isabel Perón "sólo para lograr la extradición" y a fin de determinar si por el cargo que ella ocupaba entonces, "habría tenido conocimiento de los procedimientos de la Triple A".>
El juez afirmó que "por el momento" no tiene pensado pedir precisiones al ex presidente Raúl Alfonsín, quien afirmó que la Triple A comenzó a operar antes del gobierno de Isabel Martínez, con lo que dejó involucrado a Juan Domingo Perón.>
"Quiero dejar en claro que dentro de la causa no hay ningún tipo de elemento que responsabilice a Perón, ni mucho menos. Para mí es terminante, en la causa no hay absolutamente nada", dijo el magistrado.>
Oyarbide descalificó las opiniones de dirigentes que atribuyen intereses de sector a la causa de la Triple A, al decir: "Esas son definiciones políticas; nacen y mueren en ese ámbito".
El tema desató un revulsivo entre los dirigentes históricos del peronismo y el gremio La Fraternidad lanzó una campaña de afiches advirtiendo: "No jodan con Perón".>
Poco después, el diputado kirchnerista Carlos Kunkel salió a despegar al fundador del justicialismo y dijo que "no creo" que Isabel Perón haya estado involucrada.>
En tanto, Oyarbide afirmó que "la investigación criminal es muy seria", que cuenta con "50 cuerpos de actuación y muchísimos legajos reservados", y consideró que "históricamente, después de la Causa 13, de enjuiciamiento a las Juntas Militares, esta causa se erige en importante dentro de la historia de la Justicia argentina".
Afirmó que la decisión del gobierno de Néstor Kirchner de liberar del secreto de Estado a los policías y militares que participaron de la represión "sin duda puede ayudar" en la investigación de la causa de los asesinatos masivos.>
El juez federal afirmó que "es de extremo valor" que la Cámara Federal avale su decisión de su declaración de los crímenes de la Triple A, como delitos de lesa humanidad imprescriptibles, tras la impugnación realizada por uno de los imputados, ya que de esa manera "podremos seguir adelante".>
Sobre las pruebas con que cuenta en la causa, el magistrado sostuvo que "no hay testigos que hayan visto que esas personas estuvieran ultimando a sus víctimas", pero sí datos puntuales de "todos los policías que formaban parte de los distintos grupos operativos".>
Afirmó que los asesinatos de la organización parapolicial llevaban el sello de "la gran cantidad de balas" que disparaban al cuerpo de las víctima y porque "todos eran asesinados por la espalda".>
Oyarbide anunció además que pidió que se le remita la causa en la que se investigan los hechos de 1973 que pasaron a conocerse como "La masacre de Ezeiza" y el crimen del sacerdote Carlos Mujica, entre otros.>
También afirmó que incorporará a las investigaciones el hallazgo, tras el golpe militar de 1976, de un número extraordinario de armas en el Ministerio de Bienestar Social, conducido entonces por José López Rega. El juez agregó que estaba enviando "un informe especial a la ministra de Defensa (Nilda Garré) para que me informe sobre el destino actual de todas esas armas".>
Atilio Neira, uno de los abogados de María Estela Martínez de Perón en la Argentina, sostuvo hoy que fundamentará su defensa en que la ex presidenta "no tenía acceso a la estructura de la Triple A" porque "su situación de poder era ahogada".
Neira afirmó en una entrevista con la agencia Télam que "ella, como todo el país, estaba enterada de la existencia de la Triple A, pero de ninguna manera estuvo involucrada en la estructura de esa organización paramilitar".
El letrado afirmó que éste será el "núcleo argumental" con que hará frente a la causa de "asociación ilícita" que el juez federal Norberto Oyarbide abrió contra la ex presidenta, a quien ayer le dictó la prisión preventiva por sospechar que prestó "una colaboración esencial" a esa organización de ultraderecha.
La situación de Isabel Perón al frente del Poder Ejecutivo Nacional "era ahogada y sofocada", dijo el abogado y subrayó que ella recibía información "filtrada" porque "no tenía aparato propio".
Neira destacó "otro dato" que a su criterio "tira por tierra" las presunciones de que María Estela Martínez estaba relacionada a la Triple A, al señalar que su representada "recibió amenazas" de esa organización durante su mandato presidencial.
Y añadió que "mientras las bandas paramilitares que participaron de la Triple A siguieron trabajando impunemente en la tiranía cívico militar subsiguiente, Isabel llevaba 5 años presa en condiciones infrahumanas".
Neira recordó que el ex jefe de gobierno porteño y ex fiscal de la causa Triple A entre 1987 y 1990, Aníbal Ibarra, no pudo involucrar a Isabel Perón en la causa que promovió contra el ex ministro de Bienestar Social José López Rega, entre 1987 y 1990, porque "no había elementos" que permitieran involucrarla.
Neira objetó también la existencia de reuniones de Gabinete encabezadas por la viuda de Juan Domingo Perón en las que se hayan proyectado fotografías de opositores para identificarlos a fin de silenciarlos.
El abogado consideró que "el argumento de Oyarbide al respecto no es demasiado fuerte" y calificó como "dichos, de dichos, de dichos" a los testimonios que dan cuenta de una reunión de ministros el 8 de agosto del '74 en la que se habría acordado el asesinato del ex comisario Julio Troxler.