Vinculante

El 20 de diciembre de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención por consenso y, de esa forma, coronó 25 años de lucha por parte de los familiares de desaparecidos argentinos que, con su reclamo desde el exterior, contaron con un sólido apoyo de Francia y la ONU. El texto de la Convención colma un vacío jurídico: de ahora en más, las desapariciones forzadas por parte de un Estado en tiempos de paz o guerra serán un delito imprescriptible. En 2005 se registraron 535 nuevas desapariciones forzadas en el mundo, mientras que no se resolvieron 41.000 casos desde 1981. La Convención es un nuevo instrumento jurídicamente vinculante que permitirá satisfacer las exigencias de prevención. Este fuerte compromiso de la comunidad internacional entrará en vigor una vez que 20 países lo hayan ratificado.

La firma de la Convención contra la desaparición forzada de personas trajo consigo el recuerdo del Coloquio de París de 1981, donde Julio Cortázar leyó su discurso titulado "Negación del olvido". A continuación, se reproducen algunos tramos de aquel discurso.

"Quienes han orquestado una técnica para aplicarla (a la desaparición de personas) saben perfectamente que ese procedimiento tiene para ellos una doble ventaja: la de eliminar a un adversario real o potencial (sin hablar de los que no lo son pero que caen en la trampa por juegos del azar, de la brutalidad o del sadismo), y a la vez injertar, mediante la más monstruosa de las cirugías, la doble presencia del miedo y de la esperanza en aquellos a quienes les toca vivir la desaparición de seres queridos.

"Por un lado, se suprime a un antagonista virtual o real; por el otro se crean las condiciones para que los parientes o amigos de las víctimas se vean obligados en muchos casos a guardar silencio, como única posibilidad de salvaguardar la vida de aquellos que su corazón se niega a admitir como muertos (...).

"Si de algo siento vergüenza frente a este fratricidio que se cumple en el más profundo secreto para poder negarlo después cínicamente, es que sus responsables y ejecutores son argentinos o uruguayos o chilenos, son los mismos que antes y después de cumplir su sucio trabajo salen a la superficie y se sientan en los mismos cafés, en los mismos cines donde se reúnen aquellos que hoy o mañana pueden ser sus víctimas (...).

"Pero precisamente por eso, porque en este momento tocamos fondo como jamás lo tocó nuestra historia, llena sin embargo de etapas sombrías, precisamente por eso hay que asumir de frente y sin tapujos esa realidad que muchos pretenden dar ya por terminada. Hay que mantener en un obstinado presente, con toda su sangre y su ignominia, algo que ya se está queriendo hacer entrar en el cómodo país del olvido; hay que seguir considerando como vivos a los que acaso ya no lo están pero que tenemos la obligación de reclamar, uno por uno, hasta que la respuesta muestre finalmente la verdad que hoy se pretende escamotear".

Oradores

La apertura de la ceremonia estuvo a cargo del canciller francés Philippe Douste-Blazy, quien luego cedió la palabra a Cristina Fernández de Kirchner. Los otros oradores del acto fueron la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Marta Vásquez; el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour; y el presidente de la Cruz Roja Internacional (CICR) y embajador de Francia ante la ONU, Jacob Kellenberger.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que se firmó hoy en París, tipifica esos delitos como de "lesa humanidad" y establece los parámetros que deberán seguir los estados que la suscriban.

Los principales puntos de los 45 artículos de la convención que suscribió la Argentina, representada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, son los siguientes:

- Se considera desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad cometida por agentes del Estado o grupos que actúan con su apoyo o aquiescencia, seguida de ocultamiento del paradero.

- Los Estados parte tomarán las medidas para investigar y procesar a los responsables.

- Se tomarán las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

- La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad.

- Todo Estado parte adoptará medidas necesarias para instituir su jurisdicción con respecto a un delito de desaparición forzada.

- Los Estados parte adoptarán las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito de desaparición forzada cuando el presunto autor se encuentre en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que se lo extradite o lo entregue a otro Estado o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional.

- A los efectos de extradición entre Estados parte, el delito de desaparición forzada no será considerado delito político.

- Los Estados parte velarán para que la formación del personal militar o civil encargado de la aplicación de la ley, los funcionarios y otras personas que puedan intervenir en el tratamiento de las personas privadas de la libertad incluya la información sobre las disposiciones pertinentes de la convención.

- Los Estados parte velarán porque su sistema legal garantice a las víctimas de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada.

- Para la aplicación de las disposiciones de la presente convención se constituirá un Comité contra la desaparición forzada integrado por diez expertos.

- La convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.