Pedro Andrés Ylarri (DyN)

La difusión de estadísticas que revelan altos índices de violencia doméstica provocó la reacción de funcionarios, legisladores y organizaciones no oficiales, que advirtieron que es necesario revertir "la cultura de la discriminación", a través de "reformas" en la Justicia y en la educación, en especial en las provincias del noroeste y noreste argentino.

El Consejo Nacional de la Mujer y especialistas revelaron que un 60 por ciento de las mujeres residentes en las grandes ciudades es sometido a violencia doméstica o conoce a alguien que la padece, mientras las cifras oficiales muestran un notable incremento de las denuncias.>

La reacción de funcionarios no se hizo esperar y la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), María José Lubertino, expresó que "detrás de la violencia hay una situación de discriminación porque la violencia es el último eslabón de la cadena de prejuicios que están en la base de la discriminación". >

La segregación "se da por la naturalización de prejuicios en las relaciones entre varones y mujeres. Esto se puede ver todavía en la distribución de roles en el hogar, en el ámbito laboral, en materia de salud sexual y reproductiva, pero en especial, en algunos dictámenes de la justicia", dijo Lubertino.>

"Hay situaciones muy graves en muchas provincias del NOA y NEA, donde el Poder Judicial emite sentencias discriminatorias hacia las mujeres, donde bajan (las penas por maltrato) por una supuesta cultura", agregó. >

Para "combatir eso hay que reformar el Código Penal, no para aumentar las penas, pero sí para desactivar la discriminación que está allí, en el capítulo de delitos sexuales, para decir cómo se debe aplicar Justicia", sentenció.>

Desde el ámbito legislativo, la diputada nacional Lucrecia Monti advirtió que "es necesario adecuar la legislación interna (a tratados internacionales) para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" y advirtió que un proyecto de su autoría sobre el tema "sólo fue tratado por 1 de las 4" comisiones que deben emitir dictamen.>

El proyecto, según indicó, propone la capacitación de agentes judiciales, policiales, docentes y profesionales que trabajen en la problemática, así como "un manual de buenas prácticas" para ser utilizado por medios de comunicación y la "asistencia digna a las víctimas". >

Por su parte, una experta en la temática del Ministerio del Interior, que pidió no ser nombrada, advirtió que existe, en fuerzas provinciales, una actitud "machista y desconsiderada" ante delitos de violencia familiar, que "sólo podrá evitarse con un cambio en la formación" de los efectivos. Organizaciones consultadas agregaron que "la solución y la forma de prevenir la violencia doméstica está en la educación, en la aplicación de contenidos que aporten a la reflexión sobre paridad y vínculos democráticos" entre los géneros. "Hay una responsabilidad de cada una de las provincias, salvo en (la policía de) Buenos Aires y la Federal, yo no veo avances en la capacitación para la inclusión... da la impresión de que no hay trabajo con el poder judicial, la educación y las fuerzas de seguridad", consideró Lubertino. >

Cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que hubo casi 20.000 denuncias de violencia doméstica sólo en la provincia durante 2006, mientras 11 mil se registraron en la Capital, donde un 90 por ciento de los casos corresponde a mujeres sometidas por su pareja o por alguien de su entorno. Especialistas destacaron la labor del Gobierno, el Congreso y administraciones provinciales y municipales, en especial, por el lanzamiento de nuevas dependencias receptoras de denuncias, como las 37 comisarías de la Mujer bonaerenses. >

La sanción de una nueva ley de Educación y la aprobación del protocolo facultativo del Cedaw, que otorga a las mujeres la posibilidad de acudir a organismos internacionales ante casos de maltratos, permiten, según los expertos, conocer la dimensión del problema, pero "son mecanismos que hay que implementar".>