Frente a la seguidilla de prescripciones de causas trascendentes -en general, vinculadas con algún sector político- y ante la sorpresa de la opinión pública, que veía cómo quedaban impunes por el paso del tiempo algunos de los más resonantes casos de corrupción, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia ordenó, a mediados de 2005, una investigación administrativa para determinar si los jueces intervinientes habían incurrido en algún tipo de irregularidad.

La lista de casos notoriamente demorados o prescriptos estuvo conformada por causas relevantes: Caja de Jubilaciones, Fibraca, Muriel, Storni, IBM-Banco Provincia, caso Vanrell y la investigación sobre la gestión de Carlos Aurelio Martínez al frente a la intendencia santafesina.>

Un año y medio después de anunciada la decisión de la Corte, se conocieron los resultados de la revisión que sobre estos casos realizaron las Cámaras de Apelaciones de Santa Fe, Rosario y Rafaela.>

En general, los camaristas consideraron que las investigaciones administrativas debían ser archivadas, pues no detectaron irregularidades por parte de los jueces actuantes. En definitiva, concluyeron que las demoras se produjeron por la complejidad de las causas o por las estrategias dilatorias de los abogados defensores.>

Sin embargo, sí se sancionó al juez de Sentencia que tuvo en sus manos la causa que vinculaba al ex vicegobernador, Antonio Vanrell, con el manejo irregular de fondos del Senado, y aquélla en la que se investigó al ex intendente Martínez.>

En el primer caso, transcurrieron doce años entre el inicio del proceso y la sentencia. Pero, antes de que la condena contra Vanrell quedara firme, el Congreso de la Nación introdujo una discutida reforma al Código Penal y la causa terminó prescribiendo.>

En el segundo caso, el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso a Martínez y la sentencia fue de catorce años, por lo que las causas abiertas por incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública también prescribieron.>

Si bien es cierto que la reforma introducida al Código Penal produjo una catarata de prescripciones en todo el país, resulta difícil comprender cómo las sentencias de casos tan resonantes se hayan demorado tantos años.>

Más aún, el informe elevado desde la Cámara de Apelaciones a la Corte dice que "parece inevitable pensar que intencionalmente se evitó en ambas causas adoptar medidas para agilizarlas, y que fueron abandonadas a su suerte".>

Frente a tan grave acusación, el máximo tribunal resolvió sancionar a este juez con una multa de 600 pesos. La sanción resulta decididamente desproporcionada, por su levedad, frente al perjuicio social y económico causado por la manera en que se llevaron adelante estos procesos judiciales.>

En su momento, desde la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se reconoció que estas situaciones afectaban la imagen de la institución y se confió en que las investigaciones pudieran devolver el prestigio perdido. Sin embargo, y a la luz de los hechos, parece al menos improbable que esto se haya logrado.>