"Esto evita impuestazos", señaló el economista Salvador Di Stefano. El país vive un escenario que no premia las buenas administraciones, y la Nación asiste a un distrito que castiga a su sociedad con mayores impuestos
De la redacción de El Litoral
El economista de la Fundación Libertad de Rosario, Salvador Di Stefano, advirtió en diálogo con El Litoral que la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires podría ser "el detonante de otro gran problema económico en la Argentina", y reivindicó la salud de las cuentas públicas santafesinas, que sirven para "no imponerle un impuestazo a la gente".
"Las consecuencias de una mala administración en una provincia son los impuestazos, mientras que una buena administración es sinónimo de estabilidad fiscal, institucionalidad y reglas de juego claras", expuso el economista en un documento.>
En su análisis Di Stefano recordó el recurrente déficit fiscal de la provincia de Buenos Aires. "En el 2005 ascendió a $ 475 millones, en 2006 casi repitió dicho guarismo pero con el detalle que prorrogó la licencia de los bingos hasta diciembre de 2021 para poder bajar en 600 millones de pesos el déficit proyectado. En el año 2007 no baja de un déficit de 1.600 millones de pesos con agravantes inmediatos", expuso en su informe.>
Buenos Aires posee una deuda pública de $ 33.327 millones, necesita financiamiento por $ 4.450 millones y la suba a los docentes le incrementó el déficit en $ 1.900 millones.>
Al hacer un repaso de su esquema fiscal, el especialista recordó que los grandes contribuyentes de ingresos brutos tienen una alícuota adicional de 30%, en tanto las alícuotas de autos e inmuebles se incrementaron fuertemente. "Los impuestazos que vive la provincia de Buenos Aires son producto de una mala administración, la falta de ingresos fiscales, gastos desbocados y carencia de un fondo anticíclico para enfrentar un contratiempo económico", apunta el documento.>
La comparación
"En las antípodas de Buenos Aires se encuentra Santa Fe, que con el silencio de los indicadores nos permite tener un escenario de certidumbre y previsibilidad. La provincia en el 2005 mostró un superávit fiscal de $ 624 millones, en 11 meses del año 2006 ha presentado un excedente en su posición fiscal de 465 millones de pesos y espera tener un superávit de 300 millones de pesos en el año 2007".
"Si no tuviéramos esa política fiscal tendríamos los impuestazos de Buenos Aires", advirtió el economista al reivindicar el fondo anticíclico de $ 500 millones y la baja deuda pública ($ 2.087 millones, una de las más bajas del país).>
Al apuntársele que mientras Santa Fe se procura sus recursos para dar aumento a los agentes públicos y Buenos Aires es premiada por el gobierno nacional con recursos extraordinarios para hacer lo propio, Di Stefano dijo que "es preferible nuestra situación y no esperar una dádiva".>
Sin embargo reconoció que "habría que debatir por qué en nuestro sistema de coparticipación no hay premios y castigos", y advirtió que "es increíble que Santa Fe, San Luis y Mendoza no reciban nada por estar bien".>
De todas maneras advirtió ante las consultas que "hoy con el impuesto a la riqueza de Buenos Aires y sobre-alícuota desde 2001 de Ingresos Brutos, en esa jurisdicción se están espantando las inversiones".>
Di Stefano admitió que en Santa Fe hay cosas por mejorar. "Cuando se hizo el código fiscal no estaban previstas las exportaciones de servicios; hoy están desgravadas las exportaciones de bienes pero no las de servicios", apuntó, aunque rescató la política de superávit fiscal que se ha mantenido en las administraciones provinciales.>
En equilibrio
El informe de la Fundación Libertad subraya que la deuda pública de Santa Fe es $ 2.087 millones (7% de la deuda de Buenos Aires) y representa el 28% de sus ingresos. Es la segunda deuda más baja medida por habitante en las provincias argentinas, equivalente a $ 575 per cápita (en Buenos Aires supera los $ 2.500 per cápita). En Santa Fe no se modificaron las alícuotas de ingresos brutos, ni el avalúo inmobiliario y de patentes; se eliminó la ley 5.110 completamente. Las políticas salariales se atendieron sin recurrir a ingresos extraordinarios (impuestazos) y se llevó adelante un programa de infraestructura por $ 1.433 millones entre los 2004 y 2006. Para el año 2007 se ha establecido una inversión adicional que alcanzaría los $ 810 millones.
