Decíamos, en otros editoriales, que las tragedias colectivas ponen en evidencia lo mejor y lo peor de las sociedades. Sentimientos de solidaridad colectiva, acciones generosas, militancias sociales a favor de los más sufridos integran el paisaje en estas situaciones límites, pero también, en estas condiciones, medran aventureros, oportunistas de toda laya y diferentes modalidades de delincuencia.

En estos días, estas conductas se han manifestado con nitidez. Relacionado con los comportamientos al margen de la ley, algunos son previsibles y hasta inevitables; nos referimos a las acciones delictivas individuales cuya resolución es estrictamente policial. Otra variable de análisis son los problemas que se manifiestan con acciones colectivas ilegales cuya expresión más evidente son los llamados piquetes. Estos violentos reclamos sociales emergieron con toda su fuerza en la presente inundación, ante la impotencia de las autoridades y de la inmensa mayoría de los ciudadanos que resultaron víctimas de estos operativos ilícitos promovidos por minorías, algunas regimentadas políticamente y otras, constituidas directamente como bandas.>

Si en condiciones normales, los piquetes son acciones controvertidas cuya ilegalidad está fuera de discusión, en las situaciones de emergencia estos piquetes se transforman en una verdadera agresión a la sociedad, en operativos que atentan contra la seguridad y los intereses de la mayoría de la población.>

En nombre de reclamos -en muchos casos lícitos, como los que manifiestan los vecinos de Barrio Chalet- los piquetes operan como pretextos para legitimar diferentes modalidades de rapiña, además de agredir y agraviar muy en particular a los afectados por la inundación.>

Lo ocurrido en estos días ha sido o debería ser aleccionador. Ambulancias, vehículos oficiales, camiones del ejército, vecinos que pretendían trasladarse hacia las zonas de emergencia para asistir a familiares o amigos debieron sufrir los bloqueos de los llamados piqueteros ante la indiferencia o la pasividad de las autoridades públicas que por un motivo o por otro, dejaban hacer.>

Funcionarios provinciales y municipales declararon en los medios de comunicación que los piquetes no se reprimirían, una posición que más allá de las buenas intenciones, no hace otra cosa que dar luz verde a los promotores de estas actividades que, conviene insistir una vez más, no sólo son ilegales sino que en este caso conspiran y atentan contra la seguridad y la salud de la mayoría de la población.>

En los debates públicos, se suele defender la posición de los piqueteros invocando los intereses populares. Los argumentos respecto de la ilegitimidad de los procedimientos y de los perjuicios que provocan a los ciudadanos se contraponen a una supuesta bandera de lucha.>

Pero hoy, los santafesinos pudimos comprobar en carne propia la calaña moral de quienes, aprovechando la desgracia colectiva que representa una inundación, se organizaban como verdaderas bandas desentendiéndose de los perjuicios que provocaban no sólo a las autoridades sino a los vecinos, quienes además de padecer las inclemencias de la naturaleza, debieron sufrir las agresiones de los piqueteros. Y todo esto se desenvolvía, y se desenvuelve, ante la pasividad, indiferencia o impotencia de las autoridades.>