"Basta, por favor, basta; juicio y castigo". Ésta fue la frase que desató el escándalo y la irritación de la Corte Suprema. Y lo más grave de la situación no fue que la palabra "castigo" haya surgido del dedo acusador del ciudadano Néstor Kirchner, sino que quien habló entonces fue Néstor Kirchner, presidente de la Nación.

Aunque algunos hayan considerado esas manifestaciones como una "sobreactuación", ya que es posible que al discurso lo haya amasado con cierto tiempo, lo real es que Kirchner estaba en esa ocasión muy impresionado, inmediatamente después de haber efectuado una dolorosa recorrida por una mazmorra del terror, antes de dirigirse a un no menos dolorido auditorio en el Museo de la Memoria, en La Perla, Córdoba.>

Recién cuando pronunció ese virtual fallo judicial, bajo el paraguas que representa la investidura del Ejecutivo, recién entonces, el presidente reclamó que se apuren las hiperdemoradas sentencias sobre la represión ilegal, que esta vez apuntó directamente a una de las salas de la Cámara Nacional de Casación. "Necesitamos que los juicios se aceleren", había señalado Kirchner.>

Lo que parece que ha cuestionado con mayor enjundia la Corte no ha sido el procedimiento de apretada pública a los jueces, sino que se haya pedido a viva voz, desde la instancia política más importante de la Argentina, un fallo acorde a los intereses o a la ideología de uno de los poderes del Estado.>

El escueto comunicado de los ministros de la Corte no le solicitó "mesura y equilibrio" a Kirchner de modo directo, sino que se lo pidió a "los controles republicanos" que, en este caso, debería hacer el Consejo de la Magistratura, sin presiones de ningún tipo. Como la Ley no se lo acuerda al Ejecutivo en relación con la Justicia, entonces el tiro le llegó por elevación al presidente.>

Kirchner, quien invariablemente resuelve cualquier situación en su contra presentándola como una extorsión o como un ataque hacia todos los argentinos por parte de fuerzas que quieren volver al pasado, cuando lo que se observa es que el regreso hacia atrás es una constante de su gestión, refutó desde el atril las críticas de la invasión de un poder sobre otro.>

Un calificado abogado constitucionalista señaló que la irritación de esa misma Corte de la que Kirchner se enorgullece -que es la cabeza de una Justicia que habitualmente discurre en tortuosas defensas corporativas- se dio porque el primer mandatario cruzó una raya bien definida. "La Corte esta vez no sacó la cara por el Tribunal cuestionado, pero se hizo oír de un modo más que contundente porque el presidente les bajó una línea a los jueces sobre la dirección de un fallo que él mismo espera escuchar", señaló. Ésa es la falta de "mesura" que podría endilgársele a toda la situación creada por aquella manifestación presidencial, o sea, la "falta de medida", que es un bien judicial por excelencia.>

También Kirchner anticipó que el Consejo de la Magistratura les iniciaría juicio político a los miembros de la cuestionada Sala: "Sé que va a proceder", ha dicho, lo que se interpretó como una orden directa de que se avance en el juzgamiento de los cuatro magistrados de Casación Penal, acusados de mantener en el freezer desde hace más de tres años unas 100 apelaciones. A su titular, Alfredo Bisordi, se le cuestiona especialmente no haber impulsado con mayor énfasis el juicio oral a marinos de la ESMA y a miembros del Primer Cuerpo de Ejército.>

Sobre la cuasi orden presidencial, el abogado Santiago Montaña acaba de hacer declaraciones que tiran por la borda un siglo y medio de interpretaciones constitucionales. Tras decir que no siente la presión del Ejecutivo, aseguró que éste puede dar a conocer libremente su opinión "sobre ciertos temas que tienen trascendencia social, porque es el poder político más importante del Estado" (sic). Lo que más resonancia le da a esos dichos, al menos controvertidos, que fueron difundidos profusamente por su propia oficina de prensa, es que Montaña es miembro del Consejo de la Magistratura, hoy reducido de 20 a 13 miembros, a instancias de la senadora Cristina Fernández, con la pretensión, dijo la oposición en el debate legislativo, de manejar las mayorías que ponen y sacan jueces. Para marcar cierta imparcialidad, Montaña también les recomendó a los miembros del Tribunal cuestionados que se tranquilicen, porque una denuncia ante el Consejo "no significa que vayan a ser destituidos", les recordó amablemente.>

Tras el discurso del presidente, queda por dilucidar cuál fue la mayor presión: si el haberles dicho a los jueces que tienen que fallar "culpable" o decirles que tienen que hacerlo rápido; o bien, si fue haberle bajado la línea a toda la Justicia que, si no se falla de tal o cual manera, el camino será el juicio político y la eventual destitución.>

Quienes le dan crédito a esta última opción piensan que, de ahora en más, habrá cada día menos jueces con la templanza y tranquilidad de conciencia que se necesitan para fallar de modo equitativo. También opinan que el presidente se quiso curar en salud ante algunas situaciones que comienzan a afectar a su administración, sobre todo, desde las denuncias o presunciones de corrupción que, de a poco, ganan las columnas de los diarios.>

La devolución de 600 millones de pesos a la familia Greco, avalada por un dictamen del Ministerio de Economía en el que no se descontaron las acreencias que el Estado tenía con el grupo, que a la hora de su aprobación fue desactivado por la UCR en el Senado, hoy está en manos de la Auditoría General de la Nación, mientras que Felisa Miceli denunció ante la Justicia a los abogados del Fisco, en una causa que lleva adelante el juez Sergio Torres.>

En el caso de la firma sueca Skanka, ya parece haberse probado, por los dichos de un gerente de la misma, que ciertas facturas compradas a un proveedor, cuya única finalidad comercial era entregar esos comprobantes para simular salidas de dinero, encubrían pagos de coimas a funcionarios. También se sospecha que en despachos oficiales se pudieron haber convalidado sobrefacturaciones en la construcción de la ampliación del Gasoducto Norte que opera TGN en la zona de Deán Funes (Córdoba), cuyos directivos habrían declarado ante la Justicia que advirtieron oportunamente sobre esos sobreprecios al Enargas. Hoy, la causa está siendo seguida por dos jueces, aunque quien más profundamente avanzó fue Javier López Biscayart del fuero Penal Tributario, metido desde que se descubrió la evasión a través de las facturas truchas. A partir de que se habló de coimas a funcionarios del Estado, esta última semana apareció en la escena activa un segundo magistrado, el juez federal Guillermo Montenegro, quien está llamando a declarar a los mismos que ya lo hicieron y que allana las mismas oficinas ya allanadas.>

Esta superposición planteó un evidente problema de competencia que habrá de dilucidar en la semana la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económica, sin que se pueda sospechar que el juez que quede a cargo puede ser más contemplativo que el otro, aunque la comidilla está instalada en los Tribunales, sobre todo, porque ahora se presume que el Consejo de la Magistratura haría sentir su larga vara, si alguno de ellos da un paso en falso.>