En el escenario de la recuperación macroeconómica y las inminencias electorales, la transparencia administrativa y el respeto a las buenas prácticas institucionales se han perdido de vista. No están en la agenda política ni empresaria, siempre marcadas en la Argentina de las urgencias y las especulaciones sectoriales, y postergadas para el país de las necesidades, que nunca encuentra cauce en las políticas de Estado.

En plena crisis, las prácticas republicanas de diálogo político, control de gestión o respeto a la independencia de los poderes se presentaban indispensables para salvar la Nación. La circunstancial, inequitativa y poco sustentable riqueza no debe hacer olvidar aquellos principios, por mucho que en lo inmediato los síntomas ofrezcan distracciones apetecibles.>

Un reciente informe del Ministerio de Economía de la Nación parece haber escapado a los intereses del momento, que impiden una mirada en perspectiva. Ese informe, que parcialmente difundieron medios nacionales, revela que Vialidad Nacional usó en 4 meses el 44 % de su presupuesto anual; que en Santa Cruz se invirtieron en rutas nacionales $ 348 millones cuando se habían previsto $ 282 millones para todo el año; que el plan "Más escuelas" sólo usó el 23 % de sus recursos asignados o que la "Acción Energética para el Desarrollo Integrador del Norte Grande" no usó un céntimo de los recursos presupuestados.>

Este pequeño repaso revela con qué discreción el poder central en la Argentina decide qué hacer en el país. Quién gana, quién pierde, con qué criterio de inversión y en qué orden de prelación; todo se define en la discrecionalidad de un Poder Ejecutivo avalado por los polémicos superpoderes, que le dan a la acción de gobierno una pretensión de legalidad que desestima los más elementales preceptos constitucionales.>

El debate sobre la prioridad educativa está ausente en la Argentina que se enfoca en la anécdota penosa de una ministra enharinada, mientras relega la violencia de salarios docentes impresentables. La discusión sobre las prioridades de inversión se ciega, mientras en la estación de trenes de Constitución -en la frontera de una capital opulenta y un conurbano a veces miserable- se revelan los usuarios explotados por el servicio de un prestador que goza de los subsidios pagados por todos los argentinos.>

Cómo se recauda, a quién se le cobran impuestos, dónde se gasta y con qué prioridad, quién controla la ejecución de ese gasto, quién y con qué independencia juzga el cumplimiento de las normas que regulan la acción institucional. Todas estas son preguntas básicas que deben responderse desde la normatividad republicana y desde la calidad institucional, hoy debilitadas o ausentes en medio de una cierta fluidez monetaria agitada por las campañas sucias de quienes la disputan.>

La sociedad debe poner énfasis en el enfoque, difusión y discusión de cuestiones como la relevada por ese informe del Ministerio de Economía. Allí hay muchas respuestas a las preguntas recurrentes de un país que cuando se encuentra con experiencias frustrantes, se queja por falta de respuestas aunque las busca donde en realidad no están. Y eso es porque alguien hace negocios con ello, a espaldas del interés común.>