Se trata de un condenado a cadena perpetua en Rosario. La defensa planteó que el Código Procesal Penal de la Provincia viola garantías constitucionales.
El 10 de febrero de 1992, una joven de apenas 19 años fue atacada sexualmente y asesinada en el jardín de una casa de Villa Gobernador Gálvez. Poco después, la policía detuvo a Rubén Luis Godoy, un hombre que a prima facie surgió como único sospechoso del crimen.
El 22 de diciembre de 1994, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, lo condenó a la pena de cadena perpetua al encontrarlo responsable del delito de homicidio calificado criminis causa y de tentativa de violación.>
Godoy cumple actualmente aquella pena aunque, el 24 de febrero de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la Ciudad de Washington, D.C. aceptó analizar el caso por considerar que existen elementos suficientes como para sostener la posibilidad de que el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe se contraponga a pactos internacionales con rango constitucional en la Argentina, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.>
Hasta ahora, la Comisión no dio a conocer sus conclusiones, aunque la decisión de estos jueces es aguardada con expectativa por quienes intervinieron en este caso y por aquéllos que, desde hace años, vienen bregando por una reforma -que sigue demorándose- del Código Procesal de la provincia.>
El sólo hecho de que la CIDH haya considerado admisible el análisis de este caso, representa una nueva señal de advertencia para el sistema penal santafesino. "Estamos constantemente atentos, aguardando que la Comisión resuelva, pues prácticamente se agotaron los plazos para que las partes presenten sus argumentos. Incluso, la CIDH invitó a las partes a encontrar una solución para evitar la violación de derechos humanos, pero nada ha ocurrido hasta el momento", dijo el defensor general de Cámaras de la ciudad de Rosario, Dr. Carlos Angel Giandoménico.>
Tal como sucediera en el resonante caso Fraticelli y como podría ocurrir en el denominado caso Rogiano, el condenado no tuvo la posibilidad de que la sentencia en su contra fuera revisada en una segunda instancia con jueces diferentes a los que opinaron en el momento del procesamiento.>
Giandoménico explicó que en el caso de Godoy se aplicó el sistema de juicio oral que está previsto en el actual Código Procesal Penal santafesino. De esta manera, la condena fue dictada por camaristas "que actúan como un tribunal de instancia única" y "no existe la posibilidad concreta de apelar porque en el Código santafesino no está previsto este recurso para ese tipo de juicio".>
El defensor intentó plantear un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, pero éste fue rechazado. Tampoco la Corte nacional -integrada por miembros diferentes a los actuales- aceptó analizar el caso, por lo que llegó a la CIDH, donde sí fue escuchado.>
"No es fácil que esta comisión internacional acepte analizar un caso y, si resolviera que el Código santafesino viola derechos humanos asentados en la Constitución, sería un `papelón' para la Argentina que puede derivar, incluso, en sanciones económicas", insistió Giandoménico.>
Más aún, en el caso Godoy, la defensa insiste en que la confesión que el ahora condenado realizara en un principio fue obtenida mediante apremios ilegales.>
Antecedentes resonantes
El 22 de agosto pasado del año pasado, la defensa del ex juez de Menores de Santa Fe, Julio César Rogiano, presentó formalmente un recurso extraordinario de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que el máximo tribunal analice si en el proceso se violaron garantías constitucionales.
De esta manera, los abogados siguieron una línea similar a la que plantearan en su momento los defensores del ex juez de Rufino, Carlos Fraticelli, y su ex esposa, Graciela Diesser. De hecho, esta argumentación dio sus resultados porque lograron que ambos recuperaran su libertad, mientras se revisa la condena a cadena perpetua.>
Como se recordará, en el caso Fraticelli la Corte nacional dijo claramente que el sistema penal santafesino no brinda las garantías constitucionales de imparcialidad, pues los mismos camaristas que confirman los procesamientos son los que terminan opinando sobre las sentencias.>
Pero en el caso Rogiano existe otro elemento a tener en cuenta y que también fue cuestionado por la defensa. Después de estar detenido durante catorce meses y 21 días, el ex juez recuperó su libertad luego de que el entonces juez de Sentencia, Sebastián Creus, considerara que éste había cometido el delito de concusión (excarcelable).>
Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Apelaciones insistió en que el ex magistrado fue el ideólogo de los delitos de cohecho agravado y estafa, por lo que -de quedar firme esta calificación- podría volver a la cárcel.>
Es decir que, en este caso, los mismos camaristas no sólo opinaron sobre el procesamiento y la condena del imputado -tal como ocurriera con Fraticelli-, sino que además agravaron la calificación que había determinado Creus al condenarlo.>
El ex juez llegó al máximo tribunal nacional luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia rechazara un recurso de queja. >
Atraso legislativo
Desde el pasado mes de noviembre aguardan tratamiento legislativo el Código, la ley de Ministerio Público Fiscal, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los reglamentos para la reforma del sistema penal en la provincia de Santa Fe. Según los compromisos asumidos en la Cámara de Diputados, para algunos de estos proyectos habría despacho de comisiones para el jueves 21 de junio, pero el gran ausente en esta reforma ha sido, hasta el momento, el Poder Legislativo que no ha cumplido con su compromiso de tratamiento de tan vitales iniciativas.
Cabe destacar que existe una marcada preocupación entre abogados y miembros del Poder Judicial para que la aprobación de las reformas se haga lo antes posible, para, recién a partir de ahí, poder comenzar a diseñar el largo proceso de implementación.
José Curiotto
