Once rehenes de las Farc fueron asesinados la semana pasada en un episodio que aún no ha terminado de aclararse, pero que de ocurrir, no devolverá la vida a las infortunadas víctimas. Según el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, los parlamentarios fueron asesinados por sus captores, una hipótesis difícil de sostener o de defender, sobre todo si se tiene en cuenta que los prisioneros eran la carta de negociación de la guerrilla para recuperar a algunos de los quinientos compañeros detenidos por el gobierno nacional.

Los jefes de las Farc por su lado responsabilizan a Uribe de lo sucedido. Según un comunicado emitido después de ocurrida la tragedia, el gobierno es el culpable de estas muertes porque estaría más interesado en exterminar a la guerrilla que en preservar la vida de los rehenes. También, esta argumentación es poco creíble, porque al gobierno no se le escapa el costo político a pagar con la sociedad y los familiares de los muertos por un operativo militar de dudosa eficacia estratégica.>

La hipótesis más probable es la que menciona un enfrentamiento entre guerrilleros y parapoliciales. Si así fuera, el gobierno nacional no tendría responsabilidad porque los parapoliciales hace rato que han escapado del control del Estado. Desde que llegó al poder, el gobierno de Uribe no sólo que los ha perseguido sino que además les ha ofrecido alternativas para reinsertarse en la vida social.>

Más allá de las precisiones acerca de la responsabilidad puntual de estas muertes, lo cierto es que quienes deberían rendir cuenta por lo sucedido son las Farc. Los rehenes hacía más de cinco años que vivían en la condición de prisioneros de guerra de una organización revolucionaria. Acá ni siquiera se trataba de agentes parapoliciales u operadores de la CIA, sino de parlamentarios provinciales de diferentes partidos, algunos de ellos colocados en la franja de centro izquierda de la sociedad.>

Se sabe que para la guerrilla colombiana, la condición humana de los detenidos sólo posee un valor de canje. Recurrió a la violencia para secuestrar a los paramentarios, quienes durante cinco años estuvieron vigilados y controlados por hombres armados y perdieron la vida en un episodio confuso. ¿Quiénes si no ellos pueden ser los responsables de estas muertes?, ¿cómo puede sostenerse con un mínimo de honestidad intelectual que la culpa de esas muertes la tienen los que intentaron liberar a los prisioneros?>

De todos modos, como una muestra elocuente de las paradojas e ironías de la historia, quienes ahora están rindiendo cuenta por lo sucedido no son los guerrilleros sino el gobierno de Uribe. Las explicaciones a la sociedad colombiana, a los familiares y a la propia comunidad internacional las da el gobierno nacional de Colombia, quien de alguna manera se ve obligado a actuar a la defensiva, a justificarse por algo que no ha cometido o -en el peor de los casos- por intentar hacer aquello que todo gobierno en el mundo se propone: proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos.>

Una vez más, los hechos demuestran un principio básico elemental en estos casos: la guerrilla no se hace responsable de sus actos, mientras que sí debe hacerlo el Estado nacional. En términos más frontales, lo expresó el presidente Uribe al ser consultado por los periodistas: "Nosotros somos un Estado de Derecho obligados a rendir cuenta por cada uno de nuestros actos, mientras que ellos son una banda terrorista".>

La diferencia jurídica y moral entre unos y otros está clara, en todo caso lo que merece debatirse son los motivos de la existencia de una poderosa guerrilla de signo marxista en Colombia, una guerrilla que opera desde hace décadas y que controla una parte del territorio. Las Farc en Colombia están lejos de ser una secta árida o un grupo de fanáticos aislados de las masas. A través de una extendida militancia social y campesina y en las singulares condiciones sociales y políticas de Colombia, constituyeron una organización armada que ha sobrevivido a los embates del Estado nacional y de los propios parapoliciales. y si bien carece de posibilidades de conquistar el poder, el Estado nacional no puede o no sabe liquidarla, motivo por el cual bien puede decirse que las Farc operan de hecho como un Estado paralelo o, por lo menos, como un mini-Estado paralelo.>

No deja de ser curioso que en pleno siglo XXI, Colombia -uno de los países importantes de América Latina y con un poderoso Estado nacional- exhiba un poder político recortado, ya que no es capaz de imponer uno de los principios básicos de cualquier Estado que se precie: el monopolio legítimo de la violencia.>

La guerrilla de las Farc si bien está ligada a las tradiciones armadas de su país e ideológicamente sus principales dirigentes invocan el ideario armado de las organizaciones que actuaron en la década del sesenta, es asimismo una organización que ha podido sobrevivir gracias a los recursos obtenidos por un conjunto de operaciones económicas y financieras que poco y nada tienen que ver con la ética armada de las organizaciones guevaristas de hace cuatro décadas.>