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El juzgado de Instrucción de la tercera nominación de Santa Fe respondería hoy al oficio por el cual se le requiriera que informase sobre la investigación de eventuales irregularidades en la compra de máquinas viales chinas a Austral Construcciones SA. Esa empresa tiene 10 millones de dólares bloqueados en un banco de Liechtenstein, en el marco de una investigación por lavado de dinero.
La empresa santacruceña vinculada a Lázaro Báez, un allegado al presidente Néstor Kirchner, presentó en el Viejo Continente -como parte de la justificación en su intento por recuperar sus fondos- papeles firmados por el ex titular de la DPV santafesina, Antonio Grvabac. Y el magistrado del tribunal que investiga en el Viejo Continente requirió a la Justicia argentina que le informe si existían irregularidades en el caso local.>
El juez federal santafesino Fernando Miño se encargó de tramitar aquí el pedido, que llegó a través de Cancillería y del Ministerio de Justicia de la Nación. La Corte santafesina -en el complejo camino del requerimiento internacional- libró oficio a todas las Cámaras penales, pero también el pedido de Miño llegó específicamente al juzgado de Julio César Costa, quien está con licencia, mientras su despacho quedó a cargo de Rubén Saurín.>
Allí se tramita la denuncia de los diputados provinciales Hugo Marcucci (UCR), Raúl Lamberto (PS) y Alicia Gutiérrez (ARI). Los legisladores piden que se investiguen las objeciones del Tribunal de Cuentas de la provincia, que en su momento observó que la constructora santacruceña no tenía por objeto (ni antecedentes en) la venta de máquinas viales. También se apuntó que quien se presentaba como titular de la firma en realidad no lo era.>
El hecho pone en delicada situación al propio organismo de control externo de Santa Fe. En fuentes judiciales santafesinas se menciona que el Tribunal de Cuentas respondería al requerimiento de la Justicia santafesina, que investiga la denuncia de los legisladores, remitiendo el expediente al Ministerio de Obras Públicas.
De confirmarse la versión, se configuraría una singular situación, dado que la Justicia sólo recibiría la versión del ministerio investigado, mientras el encargado constitucional del control externo administrativo, el propio Tribunal de Cuentas, que por ley debe ejercer el control de legalidad, elude el requerimiento judicial y delega la respuesta en su propio controlado-investigado.>
Según los cálculos de los legisladores provinciales denunciantes, cada máquina china cuesta en origen 59 mil dólares por unidad; con fletes y seguros, en Santa Fe el costo llegaría a 91 mil dólares cada una, pero la provincia las pagó casi 121 mil dólares, en un lote de 140 máquinas. Hay unos 4 millones de dólares de diferencia a favor de Austral Construcciones, según los cálculos de Raúl Lamberto.>
La eventual declaración de una ganancia de tal magnitud ante la Afip por parte de Austral Construcciones y el camino de los pagos de la provincia a la empresa santacruceña podrían ser relevantes en la investigación que se lleva adelante en Liechtenstein.>
En el Viejo Continente investigan el origen de la plata de Austral Construcciones que salió del Macro Bansud, pasó por el Sud Bank and Trust de Bahamas (incluyó allí operaciones de compra-venta de títulos) y terminó en el Hypo Investment Bank de Liechtenstein, a nombre de un británico y un neozelandés que no tienen vinculación con la empresa santacruceña.>