En los últimos días el complejo tema de los chicos y chicas en riesgo volvió a un primer plano, esta vez por el debate con autoridades de la vecina provincia de Entre Ríos, como tiempo atrás lo fue por los destrozos en una escuela céntrica, y como ocurre en forma periódica y cada vez que un hecho los vuelve a convertir en noticia.

Silvia Altamirano tiene a su cargo la Dirección del Menor de la provincia y admite que el tema no es sencillo y que para cada historia se plantean alternativas. Entre las experiencias que ella misma recoge o registra, desde la oficina que por estos días es lugar permanente de consulta, figuran chicos que protagonizaron robos callejeros posiblemente instigados por adultos que a su vez cargan con antecedentes de delitos; otros chicos que permanecen en la calle hasta que consiguen una determinada suma de dinero; otros más que prefieren la intemperie a su propio techo porque los lazos familiares están totalmente deteriorados y volver a casa no figura entre las opciones.>

En la calle, entre los chicos que viven en ella o trabajan o permanecen la mayor parte del día es posible encontrar estas historias u otras diferentes, todas dolorosas y nunca fáciles de resolver.>

En diálogo con El Litoral, la funcionaria se refirió de manera particular a chicos que "no operan como grupo ni con acciones programadas" sino que se encuentran en forma ocasional y con edades que van de los 10 a los 12 años, con uno o dos de 14.

"El tema -insistió- es que se llega a un punto que ya no da margen para seguir con alternativas comunitarias", que pasan por la figura del acompañante terapéutico, la oferta de herramientas de trabajo a los padres, espacios deportivos y culturales para los chicos, capacitación "y nada alcanzó porque sigue presente el tema de la pobreza". Pero además, ocurre que "muchas veces la gente le cierra la puerta en los mismos barrios. Entonces, incorporarlo a la escuela o la vecinal cuesta diez veces más".>

Para Altamirano es un camino a recorrer "muy a largo plazo, para lo cual decidimos tomar medidas excepcionales con algunas familias, hacer un corte, restituir la salud que está muy deteriorada como primera medida y después darle tiempo para que el niño se escolarice".>

Como se trata de familias numerosas, intervenir en dos significa hacerlo sobre diez chicos. "No quiere decir que todos roben pero sí que están todos en situación de calle y obligados a trabajar". Así como cada historia es individual, los casos son siempre complejos de resolver: "hay un chico de 8 años en situación de calle que también estuvo involucrado en delitos. Hace unos meses se subió a un colectivo y lo tuvimos que buscar en Córdoba", ejemplificó.>

"Hay chicos de la calle que llevamos a pequeños hogares granja del interior y ahora están mejor; no tenían ninguna alternativa familiar. Otros que estaban allí por abusos graves y fueron internados en clínicas de salud mental por el grave padecimiento psíquico que tienen", relata Altamirano.>

¿Qué pasa cuando no quedan más recursos? "Privarlos de la libertad no se puede, así hayan cometido un delito. Alternativas comunitarias no quedan porque la comunidad se cierra ante estos chicos. No queda más que la institucionalización como último recurso y por el plazo que establece la ley. En este punto también advierte que para las instituciones es un desafío atender situaciones mucho más complejas. Para ello se fortalecieron con equipos de profesionales a los que se capacita en una problemática que requiere de nuevas respuestas porque muchas veces involucra la droga, la abstinencia y las crisis.

"Las instituciones van a quedar para los chicos con trastornos psíquicos muy profundos o atravesados por el tema de las adicciones o donde no hay referente familiar posible para trabajar", resumió.>

Más allá de las políticas de Estado y de las instituciones que trabajan con chicos y chicas en situación de riesgo, ¿cuál es el rol de la comunidad? ¿Cómo puede involucrarse? Para Altamirano "la comunidad tiene que decidir si va a trabajar o no y luego buscar las herramientas. Desde el gobierno y previendo estas situaciones se generaron muchos programas para desarrollo comunitario como `Volver a la escuela' para chicos desertores del sistema educativo, y `Fortalecimiento de iniciativas comunitarias', con proyectos destinados a niños, adolescentes y tercera edad con un puntaje para los proyectos".

Sin embargo, la respuesta no siempre es la que se espera. El 10 de julio se abrió la inscripción para el programa Familias Solidarias y la respuesta fue escasa: dos en Santa Fe y 3 en Rosario respondieron a la convocatoria (ver El dato).>

"El tema es cuando el trabajador social, el psicólogo o el abogado consideran que el chico no puede estar más con su familia porque hay un alto riesgo y, con el consentimiento de los padres necesitamos retirarlo de su casa. Puede ser por un abuso mientras dure el proceso judicial. Puede ocurrir que un chico quede solo todo el día porque sus padres trabajan y cuando vuelven, se alcoholizan por la misma situación de pobreza y soledad que viven. En esos casos también podría ayudar una familia solidaria y se evitaría la institucionalización".>

Otro caso es el de chicos que están a cargo de un familiar con discapacidad y, cuando ese adulto se descompensa, necesitan quien los acompañe hasta que se resuelva el problema. "El espectro a trabajar es muy amplio", consideró.>

Otro de los programas que se pusieron en marcha es el de "acompañantes personalizados", que ya tiene inscriptos en su registro y permite trabajar con profesionales idóneos en la reincorporación de los chicos a la comunidad.>

"Tiene que haber una reacción de la sociedad y entender que con esto vamos a estar ganando todos. Es importante -aportó- que la gente los acompañe, los mire, los salude. Para un chico, ser mirado y reconocido es muy importante. Y que se inscriban en el registro para alojar a los chicos, que es todo un trabajo cuyo objetivo es restituir sus derechos".>