Una prueba piloto se puso en práctica en barrio Estrada de esta ciudad, con el fin de regularizar la situación de cientos de usuarios del servicio eléctrico. En esa zona, ubicada en el centro-oeste de la ciudad, se aplicó la modalidad de tarifa social. El resultado, de acuerdo con la evaluación que realiza la empresa estatal, fue positivo. Y para aseverarlo, se basa en un dato objetivo: la mayoría de los usuarios (un 70 por ciento) pagó su factura.

La puesta en práctica de la experiencia demandó más de un año e incluyó un fuerte trabajo social que se tradujo en un relevamiento de toda la población del barrio, para conocer su situación económica y las posibilidades reales para afrontar un pago regular del servicio.>

En forma complementaria, se realizó una concientización sobre el uso inteligente de la energía, un concepto que desde la EPE consideran fundamental como una forma de morigerar los efectos de la crisis de ese suministro, y que se aplica tanto para los grupos sociales más carecientes como para los de mayores recursos.>

Sin dudas, el éxito de esta experiencia -concreta y acotada a un barrio- abre la posibilidad de aplicar una tarifa social y, de esta manera, regularizar la situación en otras zonas de la ciudad. La demanda existe: en numerosas recorridas realizadas por este diario se repite el pedido de los vecinos por un servicio normalizado, mediante el pago de una tarifa acorde con sus posibilidades. Así ocurre, por ejemplo, en algunos barrios más alejados donde la presencia de cables a muy baja altura y la conexión irregular a la red suponen un verdadero riesgo.>

Siempre en los márgenes indicados, la iniciativa supone también un decisivo avance contra la subcultura del incumplimiento, a veces instalada a partir de la imposibilidad o la falta de alternativas viables. También permite proyectar un esquema en el cual se rompa el círculo vicioso del derroche derivado, precisamente, de la irregularidad del "enganche" y la inexistencia de un costo correlativo del mismo.>

Se trata de una apuesta a la racionalidad del consumo, adaptada a un contexto social de carencia económica, pero con la virtud de apuntar a la regularización de las conexiones y la responsabilidad comunitaria. La idea es generar un esquema más acorde con la disponibilidad del recurso, fundado en la equidad -para quienes no disponen de recursos y para quienes deben pagar con los propios la elevación de los costos del servicio- y también en la propia dignidad de los usuarios.>

Desde la empresa, se advierte que cualquier decisión en este sentido va a demandar tiempo, por cuanto se requiere de una fuerte inversión para aplicar esta tarifa que no produce -aseguran- ganancia, salvo la recuperación del costo de compra de la energía y un mayor control sobre el consumo excesivo del suministro. Pero el solo hecho de haber ensayado esta alternativa, sobre todo a la luz de los resultados obtenidos, demuestra a las claras que, si existe la voluntad política para ello, la posibilidad de cambio existe.>