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Cada vez que un funcionario fue imputado de un hecho de corrupción concreto, con dinero ilícito de por medio, Néstor Kirchner no dudó en pedir su desplazamiento. A otros los mantiene porque los considera víctimas de una campaña de denuncia con fines electoralistas por parte de la oposición. Y porque las irregularidades se asocian a decisiones de gestión.
Néstor Ulloa, Fulvio Madaro, Felisa Miceli y Claudio Uberti tienen en común el haberse convertido en los primeros funcionarios del actual gobierno nacional desplazados por denuncias de corrupción investigadas por la Justicia en pleno ejercicio de sus respectivas gestiones. No son los únicos sobre los que se posa la mirada de los jueces: también integran la lista de sospechosos los ministros de Planificación, Julio de Vido, y de Defensa, Nilda Garré; la secretaria de Medio Ambiente, Romina Piccolotti, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, éste último con un récord de denuncias en su contra que, por el momento, no lograron afectarlo al punto de poner en duda su permanencia en la función.>
�Cuál es el límite que separa a los renunciados de aquellos que -aún con causas en la Justicia- continúan al frente de sus cargos? Al parecer el tipo de delito que se les atribuye.>
Tanto el ex interventor del Enargas, como el ex titular de Fideicomisos Nación, quienes aparecen imputados en la causa Skanska, están sospechados de haber cobrado coimas a cambio de favorecer a la constructora sueca en los contratos de concesión de obra pública. La ex ministra de Economía, por su parte, tuvo el "descuido" de dejar olvidada una bolsa con doscientos mil pesos en un armario del baño de su despacho, cuyo origen y destino no logró trasparentar todavía, y el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) separado de su cargo el jueves, cometió el "error" de admitir como pasajero de un vuelo privado contratado por la estatal Enarsa a un ciudadano venezolano que intentó ingresar al país con una valija cargada con 800.000 dólares sin declarar.
La conclusión, a primera vista, indica que se trata de casos en los que el desencadenante es la aparición de grandes sumas de dinero de origen presuntamente ilícito, que además parecen fruto de alguna operación espuria o, cuanto menos, cuestionable. También de hechos que derivaron en títulos de tapa en los principales medios nacionales, y que encontraron una rápida reacción por parte de la Justicia.>
Los funcionarios que continúan en actividad, pese a acumular cada vez más expedientes en los Tribunales, son investigados por hechos que se relacionan directamente con decisiones de gestión y en los que el posible uso ilegal del dinero público no aparece tan claro a simple vista: la autorización para la exportación de material bélico a Estados Unidos que la Aduana frenó cuando detectó que los precios estaban subvaluados, compromete indirectamente a Garré, quien, además de no tener bajo su órbita a la exportadora -la Dirección de Fabricaciones Militares-, afirmó que avaló la operación como titular de un ente cuatripartito integrado también por la Aduana y los ministerios de Economía y Planificación.
Lo de Piccolotti recién se convirtió en una investigación penal esta semana, cuando el fiscal Guillermo Marijuan unificó cuatro denuncias por "malversación de fondos públicos" que se encontraban en distintos juzgados. Aquí tampoco hay una bolsa o una valija llena de dinero, sino actos opinables o que presuponen irregularidades de gestión, como la contratación de cientos de empleados, algunos familiares, el alquiler de avionetas privadas, entre otras acciones que el gobierno justificó en una conferencia de prensa destinada a ratificar a la funcionaria y que a los jueces tal vez les resulte más trabajoso investigar.>
Jaime, y por extensión, su superior De Vido, tienen causas iniciadas por el pago de sobreprecios en la compra y reparación de locomotoras, irregularidades en el servicio de subterráneos, pago de subsidios y manejo irregular del fondo fiduciario del gasoil. Cabe recordar que, cuando se produjo el hallazgo de la bolsa de papel en su despacho, Miceli ya tenía una denuncia en la Justicia por haber autorizado el pago de una millonaria indemnización al grupo Greco que, sin embargo, no había puesto en peligro su continuidad en la cartera.>
El gobierno mostró cierta capacidad de reacción cuando la situación se tornó irreversible, pero está decidido a sostener a aquéllos que siente como víctimas de una campaña política que lo tiene como destinatario final. Ya lo dijo el viernes, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cuando decidió convertir en una virtud la decisión presidencial de separar de sus cargos a los "peores de la clase". A la luz de los datos de las encuestas, dijo, "la gente diferencia muy bien entre los funcionarios implicados, los honestos, el gobierno nacional y también al presidente, particularmente".
Julia Izumi