El debate público es uno de los requisitos constitutivos de una república democrática. La libertad política existe para asegurar precisamente que la sociedad pueda expresarse alrededor de los temas instalados en la agenda estatal. La existencia misma de los partidos políticos como instrumentos idóneos de la democracia se justifica entre otros argumentos porque son organizaciones orientadas a la formación de la opinión pública, proceso que sólo se puede dar cuando el debate de ideas está legitimado y asegurado.
Valgan estas consideraciones para destacar la importancia del debate de ideas en una sociedad abierta, aunque el tema que ahora se discute en la Legislatura provincial refiere específicamente al debate público de los candidatos más votados en las recientes elecciones internas.>
Al respecto corresponde decir que desde el punto de vista de la cultura política hay que destacar que el debate es enriquecedor y revelador, aunque importa observar que su valor conceptual trasciende la discusión entre dos candidatos con posibilidades electorales.>
Si el debate está relacionado con la libertad política y la legalidad republicana es porque el principal beneficiario es el pueblo soberano. Los actos proselitistas, la literatura escrita por los partidos, las declaraciones de los dirigentes en la prensa constituyen variantes de ese debate que sería bueno que incluyera la modalidad del intercambio de opiniones entre los principales dirigentes.>
Si la libertad política es una exigencia institucional de todo sistema democrático moderno, el ejercicio efectivo del debate es una consecuencia de los principios que rigen ese tipo de política, máxime en este tiempo dominado por la comunicación. Sin embargo, no es un deber. En rigor, cada candidato puede decidir -de acuerdo con su estrategia electoral- si le conviene o no participar en un debate. Macri en los recientes comicios de Capital Federal desistió de polemizar con Filmus; Menem hace muchos años hizo algo parecido con Angeloz; De la Rúa no debatió con Duhalde.>
Se sabe que quien, por un motivo u otro, se niega al debate paga un costo político ante la sociedad. Y a cada fuerza política le corresponde evaluar esa relación costo-beneficio. Lo que en cambio no se ve razonable es que por la vía de la ley se pretenda obligar a los dirigentes a debatir cuando no están dispuestos a hacerlo.>
El debate público es exigible moral pero no jurídicamente. El presidente Néstor Kirchner no está obligado, por ejemplo, a dar conferencias de prensa. Él prefiere entablar una relación desde el atril a correr los riesgos de una conferencia. Por esa decisión es criticado por políticos opositores y periodistas, por esa actitud gana en un sentido y pierde en otro. Pero a nadie se le ocurre sancionar una ley que obligue al presidente a dar conferencias de prensa.>
En consecuencia, si bien el debate entre candidatos es un bien deseable, no conviene exagerar sus alcances. Tal como lo demuestra la experiencia, estos debates están sometidos a estrictas reglas de juego que suelen ahogar el nivel del intercambio y, por lo tanto, la información que los electores necesitan.>
