Julia Izumi (CMI)

La Justicia se encamina a generar un caso testigo en torno de la polémica Ley de Abastecimiento, a través del juicio oral correccional que encabezará el juez en lo penal económico, Marcelo Aguinisky, para dirimir el conflicto planteado entre el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el titular de la empresa petrolera Shell, Juan José Aranguren, por el presunto desabastecimiento de gasoil, llevado a cabo por la firma anglo-holandesa.

El gobierno espera lograr una sanción ejemplificadora contra la compañía, y por eso en las casi 30 denuncias contra Shell que se acumulan en Tribunales incluyó el pedido de prisión de sus directivos, una medida inédita que supera la instancia de las multas, que tradicionalmente se aplicaron a quienes incumplieron la Ley de Abastecimiento. La propia firma ya fue obligada a pagar resarcimientos por casi 50 millones de pesos desde 2006, cuando la aplicación de la polémica normativa dejó de ser una amenaza para convertirse en un hecho real.>

Moreno deberá presentarse el lunes en el juzgado para ratificar su denuncia contra Shell e identificar concretamente a los ejecutivos a quienes dirige sus acusaciones, ya que como persona jurídica, la compañía no puede recibir la pena de arresto de hasta 90 días que contempla el artículo 5° de la ley. >

El viernes, Aranguren recibió un duro revés en su estrategia defensiva. Fue cuando la Justicia rechazó un amparo interpuesto por Shell, argumentando discriminación y arbitrariedad en las inspecciones y multas aplicadas por la Secretaría de Comercio Interior, una táctica que apuntó a debilitar la posición sostenida desde el gobierno sobre faltantes de gasoil en sus estaciones de servicio.

La empresa consideró que las sanciones debían ser aplicadas "en base a los volúmenes totales entregados al mercado y no atendiendo a situaciones circunstanciales de alguna estación de servicio en particular", pero el juez subrogante, Diego Zysman, consideró insuficientes los elementos presentados para acreditar la discriminación.>

El trasfondo del conflicto es también político: Desde aquella vez en que el presidente Néstor Kirchner llamó a no comprarle "ni una lata de aceite" a la firma (año 2005) luego de que decidiera aumentar el precio de sus productos, la tensión dominó la relación entre la Casa Rosada y la empresa, cuyo titular hizo públicas varias veces sus críticas hacia el gobierno y hasta designó, no sin picardía, como su abogado defensor a Ricardo Gil Lavedra, el emblemático ex juez del Juicio a las Juntas, que hoy es candidato a senador por la Capital Federal del radicalismo que apoya al ex ministro Roberto Lavagna.>