El juez Aguinsky entendió que la oportunidad es propicia para despejar dudas sobre la vigencia de la Ley de Abastecimiento y Represión del Agio sancionada en 1974. Y es que desde que en 1991 Carlos Menem decidió derogarla, la norma fue resucitada y vuelta al ostracismo según las necesidades coyunturales del gobierno de turno.
La ley 20.680 fija sanciones a las empresas que eleven artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieran ganancias abusivas, acaparen materias primas o productos o formen existencias superiores a las necesarias, destruyan mercaderías y bienes; impidan la prestación de servicios, nieguen o restrinjan injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o reduzcan sin causa la producción habitual o no la incrementen, entre otros casos.
La historia señala que el propio ex mandatario riojano la suspendió, salvo en los artículos referidos a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte normas sobre comercialización, intermediación, distribución y producción, y que la rescató a través de un decreto de necesidad y urgencia (el 722/99) cuando necesitó ponerle límites a un conflicto del gremio de los camioneros. También indica que su sucesor, Eduardo Duhalde, se encargó de actualizar el monto de las multas a través de otro decreto, el 496/2002, y que Raúl Alfonsín echó mano de ella para aplicar sanciones, según da cuenta la jurisprudencia acumulada en Tribunales.
De ahí que Aguinsky considerara aplicable la ley 20.680 y se propusiera completar los alcances de esa normativa, ahora que el gobierno pretende llevarla al máximo de sus posibilidades, es decir, la prisión de los que la incumplan.
