La distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros -un mecanismo para hacer más baratos los pasajes- discrimina a todo el país, en favor de la ciudad de Buenos Ares y su conurbano.

Esos fondos del Estado nacional -que provienen de impuestos al consumo del gasoil recaudados en todo el territorio argentino- se duplicaron en el primer semestre de este año, respecto de 2006.>

La administración del presidente Néstor Kirchner profundizó -al duplicarse los recursos- la brecha que discrimina a todas las provincias.>

El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, advirtió que un 85% de los recursos estatales nacionales para subsidiar al transporte fueron a la metrópoli porteña. En total, entre enero y julio de este año, se distribuyeron 1.228 millones de pesos en subsidios al transporte automotor de pasajeros, mientras que en el mismo período de 2006 esa cifra alcanzó los 609 millones.>

Mondino sostuvo que "continúa la desigual distribución entre la capital y el interior del país" y que "en distintas ciudades, como por ejemplo Córdoba, el pasaje es 50% más caro con relación a Buenos Aires".>

Tras asegurar que o se opone "al otorgamiento de subsidios" como mecanismo, el funcionario insistió en su reclamo sobre la necesidad de mejorar la equidad y "la transparencia" en esta materia.>

"En la Capital y el Gran Buenos Aires, recibieron un total de 1.047 millones de pesos durante los primeros 7 meses del año, lo que implica un incremento de 104% respecto a 2006", señaló.>

En tanto, "en el mismo período de este año, por ejemplo Córdoba recibió 31,9 millones, es decir un incremento de 72% respecto al año anterior; y Santa Fe recibió durante el 2007 31,4 millones, lo que representa 56% más".>

Los defensores del Pueblo de una decena de provincias, entre ellos el santafesino Carlos Bermúdez, firmaron hace ya casi un año una declaración -de un tono ciertamente duro- que contiene el mismo reclamo que ahora reitera Mondino.

Fue en noviembre de 2006 cuando el defensor del Pueblo de la Nación y los titulares de las demás Defensorías se hicieron cargo de lo que -al menos públicamente- han callado sistemáticamente las autoridades gubernamentales provinciales, afines a las autoridades nacionales.>

Cabe recordar que al duplicarse en 2007 las cifras del subsidio del año pasado, también han aumentado los privilegios que reciben los pasajeros porteños y una parte de los bonaerenses, respecto del resto de los argentinos.>

Ya para 2006, se estimaba que Santa Fe recibía apenas el 2,6% de la masa de recursos, sobre la que aportaba más del 9%. Ahora, como los recursos aumentaron, se ha agravado el perjuicio económico para los pasajeros santafesinos.>

Al cabo de casi un año, puede comprobarse que no ha tenido ningún efecto para el usuario del transporte público del interior del país, aquel comunicado de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra).>

Ese documento habló de "exhortar" al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y al Secretario de Transporte, a que "arbitren las medidas conducentes a procurar que los subsidios otorgados por el Sistau, sean distribuidos con un criterio equitativo, de forma tal que todas las provincias puedan hacer frente a los problemas que afectan a su transporte".>

El documento de 2006 de la entidad que reúne a los defensores del Pueblo fue expresamente remitido a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso nacional.

Allí, sólo proyectos de comunicación y pedidos de informes de los legisladores de la oposición -entre ellos del diputado nacional por Santa Fe Hugo Storero- reflejaron el problema.>

En tanto, por el bloque oficialista en la Cámara baja, la última novedad es un proyecto de ley de Beatriz Daher (FPV) y Carlos Snopek (FPV), ambos titulares de las comisiones de Transporte y de Presupuesto respectivamente.>

Sendas comisiones lograron hace unos quince días la firma un proyecto de ley que crea un régimen de subsidios para el transporte público del Interior en el marco del existente Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau).>

Sin embargo, la oposición ya ha advertido que al dictamen de la mayoría le falta precisión sobre la suma que se reasignará para la compensación, y que además le sobran facultades cedidas a la Secretaría de Transporte.>

El bloque que respalda al gobierno nacional cree que debe ser esa dependencia del Ministerio de Planificación Federal -mediante convenios con las provincias- quien fije los criterios de distribución, en lugar de garantizarlos por una ley nacional.>