El diputado provincial Hugo Marcucci solicitó al gobernador Jorge Obeid, mediante un proyecto ingresado en las últimas horas, que retire los pliegos presentados para cubrir los cargos de ministro de la Corte Suprema de Justicia y de procurador general.
"No vertimos opinión sobre las calidades personales ni profesionales de los aspirantes, donde incluso sabemos que uno de ellos tiene un altísimo reconocimiento académico, sino en la metodología a utilizarse en la designación de estos importantes cargos", explicó el legislador que este domingo logró la reelección en el Frente Progresista.
"Debería aplicarse, cuanto menos, un criterio similar al planteado por el presidente de la Nación cuando se autolimitó en sus facultades mediante el decreto PEN 222/2003, donde se estableció un mecanismo participativo, que cambia significativamente la forma y el método y, por lo tanto, el resultado en la selección de estos funcionarios, pensando en la jerarquía que estos cargos representan", agrega la nota.
Recordó que la propuesta le fue enviada al gobernador "mediante una carta presentada días pasados, pero igualmente insistiremos para que la Cámara de Diputados institucionalmente también se exprese".
Polémica
El proyecto de Marcucci instala en la Legislatura una posición expresada ya por varios diputados del Frente Progresista sobre la necesidad de cambiar los métodos de selección de los candidatos a esos cargos vitales en el Poder Judicial.
Otro diputado del Frente Progresista, Raúl Lamberto, exigió definir la ley del Ministerio Público -a estudio en la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados- antes de ponerle nombre a la vacante de procurador. Esta ley de Ministerio Público y reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial son consideradas indispensables para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal.
Obeid remitió la semana pasada el pliego de Daniel Erbetta para ocupar la silla vacante dejada por Rodolfo Vigo en la Corte y este lunes hizo lo propio con el de Agustín Bassó, para reemplazar a Jorge Bof, dimitente meses atrás a la Procuración. Ambos pliegos deberán ser considerados en un plazo de 30 días por la Asamblea Legislativa; caso contrario, serán aprobados fictamente.
