La reciente convalidación por medio de la Asamblea Legislativa de los pliegos de Daniel Erbetta como ministro de la Corte Suprema de Justicia y de Agustín Bassó como Procurador General marcó un quiebre en la provincia. Más allá de las profundas diferencias que dicen tener el actual gobernador y el electo sobre cómo se debe seleccionar a un candidato a la máxima magistratura de la provincia, es la sociedad la que empieza a involucrarse. Quizás todavía lo realice en forma acotada y a través de una serie de organizaciones no gubernamentales que se movilizaron a favor y en contra de los candidatos.

No obstante, en los medios de comunicación en las últimas semanas la información giró en torno de las cualidades y calidades de los propuestos. La revisión del archivo periodístico sobre la elección de los restantes actuales integrantes de la Corte servirá para comprobar el escaso debate que tuvo el tema. Cuanto más antigüedad tenga el ministro menos información sobre él hay en los medios y, por ende, menor debate en la sociedad.

Poner la lupa social sobre candidatos a cargos de la importancia institucional como la Corte Suprema y otros organismos de control torna de por sí más rigurosa la selección e impide acuerdos espúreos.

En 24 años de vida institucional de la provincia hubo avances en estos procesos de selección, especialmente en el Poder Judicial. Primero fue el gobernador que se autolimitó la facultad constitucional de elegir candidatos a jueces para escuchar la opinión de un Consejo de la Magistratura que con el correr de los años fue haciendo su proceso de mayor rigurosidad científica. Después, la Asamblea Legislativa para votar los pliegos de jueces dejó de ser secreta y se pudieron escuchar los debates sobre las nominaciones. Más tarde llegó la publicidad de los nombres de los propuestos para poder ser observados por la sociedad. Una mayor mirada social sobre los candidatos hará que haya menor margen de error y una mejor calidad institucional.