La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Santa Fe cree que las condiciones establecidas en el pliego del llamado a licitación son "contrarias a derecho" y, por lo tanto, "nulas". Según Mario Galizzi, atentan contra leyes provinciales y ordenanzas municipales.
La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Santa Fe (Apyme) presentó un recurso de amparo contra el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), para que se suspenda la licitación pública nacional 02/2007, convocada para la "venta de un inmueble adyacente a la ex Estación Santa Fe Pasajeros, ex línea Belgrano" y la "concesión de uso con obras de puesta en valor y refuncionalización del complejo edilicio".
La acción interpuesta ante la Justicia federal, se funda en que el proceso supuestamente viola la normativa provincial y municipal vigente, entre las que señala las leyes provinciales 12.069 y 12.105 sobre el régimen de las grandes superficies comerciales y el compre santafesino, y las ordenanzas municipales 8.813, 10.290, 10347 y 11.159, referidas al "marco regulatorio local para la habilitación de emprendimientos comprendidos en el ejido urbano". A su vez, la institución considera que la medida avasalla las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14, 16, 17, 28, 31, 33, 42, 43 y 75, de la Constitución Nacional.
El escrito remarca el peligro que acarrea que la licitación continúe su curso en este marco de transgresión, que implica que el procedimiento genere "irreparables daños a los pequeños y medianos empresarios de Santa Fe y zona de influencia, a los trabajadores y a los consumidores en general, por haberse burlado la observancia de las normas precitadas".
El patrocinante de la acción y responsable de Apyme, aclaró que no están "en contra de la refuncionalización del Belgrano", pero no se puede tolerar "la violación de una ley que le costó un profundo debate a los santafesinos", como es la 12.069. Y recordó que Apyme nació justamente en la década de los '90 "contra la lucha de los megamercados" y se dedicó en ese momento a auspiciar la discusión para que se sancione "un marco regulatorio ante las grandes superficies comerciales", gracias a lo cual "se logró una ley provincial y una ordenanza municipal".
Al momento de la apertura de sobres, cuando se conoció públicamente que la propuesta para la refuncionalización de la Belgrano consistía en "dos grandes centros comerciales" que no respetaron el marco legal provincial, Galizzi pensó que se llevaría a la "destrucción de los pequeños y grandes comerciantes", que "por primera vez en la ciudad de Santa Fe" aportan "más empleados privados que públicos" -más de 50.000, según Galizzi-.
Lo incumplido
El escrito repasa todos los escollos legales y normativas vigentes que el proceso obvió. Entre ellos, cita un convenio celebrado en el año 1998 entre el Ejecutivo municipal y el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief) -hoy Onabe-.
Por otro lado, la ordenanza que propició el llamado a licitación -11.159 del 2005- no tuvo en cuenta, según Apyme, la Ley Provincial 12.069/02 que, junto con las ordenanzas incumplidas, "realiza una minuciosa descripción de las condiciones que deben reunir las diferentes actividades empresariales, tanto en el orden al lugar de su radicación como así también a las superficies".
Dicha ley dispone que la autoridad de aplicación para la instalación de megamercados, es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia -actual de la Producción-, que fue "soslayada", según la asociación. Por lo tanto el proceso "puede vulnerar todas las previsiones efectuadas por el legislador para evitar abusos, monopolio, control de precios, desocupación, cierre de empresas, etc.", ya que "nadie controló".
Más fundamentos
En el escrito de más de 15 páginas, Apyme remarca que "también fue vulnerada la extensión de los plazos de vigencia de la ordenanza 11.159, que establecía una fecha límite para permitir la radicación de hipermercados". Y puntualiza que tal irregularidad también llamó la atención de los concejales Julio Schneider y Carlos Pereira, que se lo advirtieron al director Ejecutivo del Onabe (nota del 27/10/06).
Y en la letanía de incumplidores e incumplidos, trae a colación la ley 12.105 y el artículo 4 de la ordenanza 11.159, que dispone que "tendrán prioridad las propuestas que den intervención a capitales locales, regionales o provinciales (compre santafesino)".
Como considera que las garantías establecidas en la articulación legal mencionada están "incumplidas", Apyme sostiene que en la licitación efectuada por el Onabe, las condiciones del pliego son "contrarias a derecho, y, en consecuencia, nulas".
De la Redacción de El Litoral
