Demanda habitacional y planes oficiales

Unas 18 mil personas de esta ciudad están inscriptas en el registro provincial de viviendas. Es decir que esa es la cifra de grupos familiares que manifestó en forma expresa su necesidad de contar con una casa, sobre un total estimado para toda la provincia de 80 mil interesados, muchos de las cuales integran las listas desde hace varios años.

Para un amplio sector de la población, el acceso al techo propio resulta prácticamente imposible. Sin ingresos suficientes para tramitar un préstamo hipotecario ni un empleo estable que posibilite su inclusión en planes sociales que requieren de un recibo de sueldo como requisito fundamental, son muchos los ciudadanos que consideran el acceso a su casa como una realidad cada vez más lejana.

Las unidades construidas en el marco del Plan Federal permitieron paliar en forma parcial la situación. Miles de viviendas fueron entregadas en los últimos tres años en todo el territorio provincial, de las cuales un buen porcentaje corresponden a esta ciudad capital.

Sin embargo la demanda sigue siendo alta. Así lo demuestra un dato difundido por las propias fuentes oficiales al indicar que para un plan de 900 unidades, inaugurado recientemente, se encontraban inscriptas 4.500 personas aptas de participar en el respectivo sorteo. Quizá sea esa desproporción la que explique -aunque no justifique- la usurpación de viviendas, modalidad a la que recurren quienes no son adjudicatarios y necesitan cubrir en forma rápida su propia necesidad.

En los últimos complejos habitacionales que se inauguraron se repitió la misma situación: viviendas ocupadas o intentos de usurpación pusieron en alerta a vecinos y obligaron al gobierno a reforzar recomendaciones y motivar a los nuevos propietarios a que ocupen sus viviendas para evitar posteriores conflictos.

Vivienda es lo contrario del hacinamiento y la precariedad, expusieron tiempo atrás referentes barriales en el marco de un taller organizado por una ONG dedicada, precisamente, al hábitat popular. Es también un derecho reconocido en la Constitución Nacional cuya materialización encuentra, en las posibilidades económicas de sus propios destinatarios, su principal obstáculo.

Frente al crecimiento vegetativo de la población -proporcionalmente mayor en los sectores más carecientes- y el flujo migratorio que se reedita en cada período de mejora económica, la satisfacción de la demanda se convierte en una meta en continuo corrimiento.

Satisfacer este derecho básico en la mayor medida posible constituye un desafío que requiere una acción sostenida y programada, sobre la base de requisitos y condiciones que no menoscaben la dignidad. Una de las principales tareas que asumirán las próximas gestiones, en caso de que sostengan el compromiso de llevar adelante una política social en serio.