El Ciadi dictó sus resoluciones por planteo de privatizadas a las que se les congeló tarifas y se pesificaron contratos de concesión. Uno de esos fallos no tiene consecuencia monetaria.
El gobierno recibió dos fallos contrarios de parte del tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi), ante demandas de empresas privatizadas, por un monto total de 261,4 millones de dólares.
El primer fallo adverso fue el que desestimó el pedido de anulación del laudo de 133,2 millones de dólares a favor de la empresa CMS Gas Transmission Company, que obliga ahora al país a intentar un recurso diplomático con final abierto.
Por otro lado, otra firma estadounidense, Sempra Energy -accionista minoritario de Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana- obtuvo una indemnización del mismo tribunal por aproximadamente 172 millones de dólares por el congelamiento tarifario y pesificación del contrato de concesión.
Este último fallo no tendrá impacto pecuniario sobre el país ya que en la renegociación contractual de las dos distribuidoras existe una cláusula de indemnidad en este aspecto a favor del Estado argentino. De todas maneras, al sumarse todos los laudos del Ciadi en contra del país, ya superan los 1.000 millones de dólares.
A pesar de reconocer "evidentes errores de derecho, vacíos y omisiones" en el primer laudo a favor de CMS, un segundo tribunal del Ciadi rechazó el pedido de nulidad del fallo de la Procuración del Tesoro. De esta manera, el gobierno tiene 228 días para pagar los 133,2 millones de dólares más intereses de indemnización o sumar a esta cifra otros 2,15 millones de dólares para quedarse con las acciones de la firma norteamericana en la transportadora de gas (TGN).
Según se señaló, es la primera vez que se rechaza un pedido de nulidad de una demanda iniciada por un accionista de una privatizada luego de la devaluación del peso.
Debido a que puede sentar un precedente, la Procuración del Tesoro ya decidió el planteamiento de una cuestión diplomática, nunca antes utilizada en este tipo de pleitos de arbitraje.
Vía la Cancillería argentina, se le pedirá al gobierno norteamericano que reafirme la cláusula 11 del Tratado Bilateral de Inversiones con nuestro país, en la que se especifica que las emergencias sociales y económicas, como la vivida por Argentina, son "autojuzgables". En la Procuración creen que este argumento, ya planteado en instancias anteriores ante el Ciadi, hará caer la sentencia de CMS.
Honrar las obligaciones
La otra litigante, Sempra, advirtió en un comunicado: "Esperamos que el gobierno de Argentina honre sus obligaciones legales, ya que buscamos que se haga cumplir inmediatamente la compensación".
La empresa había pedido una indemnización de 209,3 millones de dólares por la pérdida del valor de sus activos por la devaluación, la cancelación de la cláusula indexatoria de tarifas y subsidios adeudados.
El Ciadi otorgó una indemnización de 128,2 millones a lo que la empresa suma los intereses de tasa Libo más 2 por ciento acumulados desde el 1° de enero de 2002 hasta la fecha del laudo.
Sempra Energy (Nyse: SRE), con sede en San Diego, es una sociedad de cartera de servicios de energía que forma parte de la lista Fortune 500, con ingresos en 2006 de casi U$S 12.000 millones.
Según la agencia de noticias empresarias Market Wire (MW), de la cual DyN es distribuidora exclusiva para la República Argentina, los 14.000 empleados de las compañías de Sempra Energy atienden a más de 29 millones de consumidores en los Estados Unidos, Europa, Canadá, México, América del Sur y Asia.
Uno a favor
El gobierno argentino expresó su "beneplácito" por la decisión de la Corte de Estados Unidos, que rechazó el planteo de los tenedores de bonos que no entraron en la reestructuración de la deuda en default para que se embarguen las divisas que el Banco Central tiene depositadas en la Reserva Federal de ese país.
El litigio era por 728 millones de dólares, pero se estima que sentaría precedente ante otros reclamos de los denominados "fondos buitres" que suman unos 280 millones de dólares.
La Corte interpretó que los recursos que se pretendían embargar pertenecen al BCRA y no al Tesoro argentino, que era el que había emitido los bonos.
El tribunal determinó que los fondos de los bancos centrales no pueden ser embargados porque están protegidos por normativas especiales de la ley de los Estados Unidos.
En enero de 2006, el juez Thomas Griesa levantó un embargo sobre depósitos de 105 millones de dólares que había sido impuesto por reclamos legales de fondos de inversiones, lo cual derivó en la apelación de estos grupos.
En enero de este año, la Corte de Apelaciones volvió a fallar a favor de la Argentina y ahora la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ratificó esa decisión, cerrándoles las puertas del reclamo judicial a los fondos que no ingresaron en la reestructuración de la deuda.
El director
Ejecutivo de American Task Force Argentina (Atfa), Robert Raben, apeló al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Henry Paulson, para urgir al Club de París a que "se mantenga firme con la Argentina en la resolución de sus deudas y trate la necesidad del país de buscar un arreglo con todos los acreedores, tanto públicos como privados". Según informes recientes, "la Argentina tratará solamente su deuda con el Club de París, mientras sigue ignorando sus obligaciones de deuda privada, en contra de las recomendaciones de los funcionarios estadounidenses", dijo la Atfa.
La Uniren
(Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos) ratificó que la empresa licenciataria Camuzzi Gas del Sur será quien se haga cargo de las consecuencias económicas del laudo dictado por el Ciadi en favor de Sempra Energy, y consideró que los acuerdos suscriptos este año entre la firma y el Estado nacional permitieron neutralizar los efectos de la decisión arbitral.
De la redacción de El Litoral/Télam/DyN
