El sindicato de los trabajadores de la obra social provincial solicitó al juez de Instrucción de turno que investigue la posible comisión de delitos de sus dirigentes, ante los perjuicios económicos que -dice- ocasionaron al Iapos.
La Asociación del Personal del Iapos (Aspi) realizó una denuncia en el juzgado de Instrucción de la cuarta nominación, de turno, para que se investigue "una serie de conductas" de varios funcionarios y ex funcionarios de la obra social provincial.
Puntualmente, el gremio solicitó que se investigue al actual director del Iapos, Eduardo Piaggio; a la ex directora María Inés Insaurralde; al director de Control de Gestión, Alberto Rodríguez, y al subdirector de Control, Luis Pagura, para "determinar la existencia de delitos tipificados por el Código Penal, cuya presunta comisión está generando graves perjuicios económicos a Iapos", respecto de su vinculación con la Asociación de Clínicas y Sanatorios y lo que fue la Sociedad Médica de Santa Fe, que administran el convenio prestacional.
La denuncia fue presentada ayer por los titulares de Aspi Santa Fe, Carlos Landi y Sandra Palomeque, y apunta a que se investigue si se cometieron los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que afectan el buen funcionamiento de la administración pública, tanto mediante actos de exceso como de omisión de sus funciones".
Entre los delitos que pide que se investiguen figuran defraudación por administración fraudulenta; perjuicio económico al interés de los afiliados y el Iapos que se le confiara, que fuera causado con dolo -en forma intencional-, que se encuadrarían en la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 248 y/o 249 y/o 173 inciso 7° del Código Penal Argentino y/o la calificación que el juez entienda que corresponde.
Reintegros y copagos
Con respecto al convenio firmado con esas instituciones, la denuncia menciona que "se convino el pago de una suma mensual anual superior a un cuarto de millón de pesos por un concepto que nunca estuvo previsto, que nunca se incluyó en convenios, y por situaciones previstas que tienen su oficina técnica específica para el análisis y autorización".
También cuestiona "el penúltimo ítem del artículo 3° del convenio que otorga la suma de 10.000 pesos mensuales en concepto de reintegros, sin explicitar a qué se refiere, es decir, sobre qué tipo de práctica médica, y/o paramédica ambulatoria se efectúa el reintegro".
Al respecto, Aspi plantea que, "por una situación similar, los suscriptos hemos realizado denuncia penal por ante el Juzgado de Instrucción de la Primera Nominación de esta ciudad, por el cobro de los copagos, y a partir de esta denuncia, el juez a cargo ordenó reintegrarles a los afiliados lo que se cobraba, disponiendo que se debite directamente de lo que debía percibir la Asociación de Clínicas y Sanatorios, por la simple razón de que esos montos que se cobraban por copago ya estaban incluidos en el aporte mensual que realizaba Iapos por cartera fija".
Y asegura: "Estas dos simples inclusiones arbitrarias e infundadas por parte de la dirección del Iapos le genera un perjuicio innecesario anual, que alcanza los 420.000 pesos, de lo que deberán responder los denunciados".
Otros cuestionamientos
Por otra parte, Aspi cuestionó ciertas acciones puestas en marcha por la actual administración del Iapos, entre las que figuran la institucionalización del plus médico, a través de los copagos y/o aranceles complementarios; recibir reiterados subsidios para solventar el déficit en los ejercicios anuales; planes virtuales de cobertura (ya que nunca concretó los anuncios de los servicios para celíacos, discapacitados, etcétera); deficiente política de resguardo del patrimonio edilicio del Iapos, tanto en Santa Fe como en Rosario y en Gálvez; a pesar de los anuncios, no contar con un sistema integral de computación que permita una atención adecuada al afiliado con el correspondiente control sobre las distintas fases del funcionamiento del Iapos.
El gremio también recordó que la obra social provincial está "a las puertas de dos juicios millonarios contra el Estado provincial por incumplimiento de las leyes en vigencia", motivados por las deudas existentes por mala liquidación en los sueldos del personal (ley 11.455) y por nombramientos sin el debido respeto a la ley 8.525 (decreto 2111/06).
Por último, Aspi agregó que "el Dr. Piaggio intentó -sin éxito- bajar del sistema a muchos afiliados con la excusa de que tenían más de una obra social, desconociendo que tienen dos obras sociales por ser afiliados obligatorios en la mayoría de los casos. Lo que el Dr. Piaggio debió hacer es convenir un sistema de compensaciones entre el Iapos y las otras obras sociales para equilibrar el gasto entre todas".
Próxima gestión
Aspi enumeró las principales necesidades que deberá considerar la próxima gestión de la obra social: diálogo; poner punto final al plus médico y/o copago; sistema único de prestaciones para todos los afiliados, sin importar de qué localidad sean originarios; cambios en la ley 8.288 que -entre otras cosas- prevea la participación de los afiliados en la conducción; que se pague a los trabajadores lo adeudado desde octubre/04, por la mala liquidación de la ley 11.455; que se regularice la situación laboral de los 20 trabajadores de planes sociales que desde hace cuatro años prestan servicio en el Iapos; que se garantice la seguridad laboral de los trabajadores; que se comiencen a sentar las bases de una jerarquización edilicia del Iapos en la provincia, con delegaciones que funcionen en locales acordes con los cánones de importancia y funcionalidad que el interior provincial demanda; lograr el equilibrio económico-financiero que debe tener una obra social de la importancia del Iapos, que cuenta con casi 500.000 afiliados.
De la redacción de El Litoral
