La Cámara Electoral autorizó a fiscales de los partidos a supervisar el proceso de carga y procesamiento de datos. También le pidió al gobierno que agilice el pago del dinero que les adeuda a las fuerzas políticas y un informe pormenorizado de los pasos que tendrá el escrutinio.
La Cámara Nacional Electoral autorizó ayer a los partidos políticos que participarán de la elección del 28 de octubre a supervisar con fiscales de cada una de las fórmulas las tareas de carga y procesamiento de datos que se realizarán durante el escrutinio, como una forma de garantizar la transparencia del proceso. Fue a través de una acordada que el Tribunal emitió luego de reunirse con casi 40 apoderados de los partidos políticos de todo el país para analizar mecanismos de control sobre el recuento provisorio de votos.
Los magistrados exhortaron además al gobierno nacional a agilizar los trámites para facilitar el pago de los fondos que el Estado debe otorgarles a las fuerzas políticas, un planteo que surgió con fuerza desde la dirigencia política.
Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la sede de la Cámara Electoral, hubo coincidencia en rechazar la convocatoria de veedores internacionales para la elección, un planteo que algunas fuerzas de la oposición realizaron luego del escándalo producido en Córdoba tras el virtual "empate técnico" entre el candidato oficialista Juan Schiaretti, y el intendente Luis Juez, y las complicaciones surgidas en el Chaco.
"El mecanismo no está previsto en la legislación y la mayoría de los partidos no estuvo de acuerdo con la presencia de veedores, porque además se deben pedir con mucha anticipación y la elección está muy cerca", explicó el titular de la Cámara, Rodolfo Munné.
Acceso al control
Los representantes de los partidos recibieron con satisfacción la acordada del Tribunal que les habilitará el acceso al control del escrutinio el 28 de octubre: "Es muy importante, porque es una medida que contribuye a la transparencia. Ya sabemos que ha ocurrido en otras oportunidades que se cambien las boletas", aseguró el diputado y candidato a vicepresidente de Recrear, Esteban Bullrich.
El legislador que acompaña a Ricardo López Murphy en la fórmula de centro derecha fue uno de los más enfáticos a la hora de reclamar el pago de los fondos que les corresponden a los partidos políticos: "Advertimos sobre el uso de fondos públicos para la campaña oficialista, como el traslado en el avión presidencial para sacarse una foto con (Bill) Clinton, mientras los partidos todavía no cobramos la contribución que nos corresponde para, por ejemplo, pagar las boletas. Gastamos casi un millón de dólares en papel e impresión y el Estado nos debe dos millones de pesos", explicó.
Los jueces Munné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corchera le pidieron al gobierno un "informe pormenorizado de cada uno de los pasos en que el cómputo se va a desarrollar", tras advertir que la difusión de resultados provisorios "forma un estado de opinión acerca de quienes resultaron electos en los comicios que es difícilmente reversible con la posterior comunicación del escrutinio definitivo".
Escrutinio provisorio
Justamente ayer, la empresa española Indra, que tendrá a su cargo la realización del recuento provisorio de sufragios, ofreció una explicación a los medios de cuál será el mecanismo que se pondrá en marcha a partir de las 18, cuando se cierren las mesas en todo el país.
El titular de la firma, Horacio Losoviz, explicó que los telegramas con los resultados de las 75 mil mesas de votación serán copiados con un escáner y que esa imagen digitalizada se enviará en forma simultánea a la Justicia, a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Agregó que habrá 37 centros de carga de datos distribuidos en todas las provincias, que se sumarán a la actividad que desarrollarán en el Correo Central 1.500 data entry y 600 técnicos.
Losoviz confirmó que los datos comenzarán a difundirse al público a partir de las 21, tal como lo establece la Justicia.
Polémica por los actos oficiales
La candidata presidencial por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo hoy que "se están violando todas las reglas de campaña" y estimó que "la máxima violación" es la que comete "el presidente" Néstor Kirchner, al instar a la ciudadanía a que vote a la candidata oficial, su esposa Cristina Fernández, en los actos oficiales.
"El presidente es el jefe del Estado, y en consecuencia, la campaña electoral realizada a través de recursos del Estado, los viajes que comprometen al Estado argentino, es en realidad la máxima violación que existe", sostuvo Carrió.
Explicó que ello es "primero por la independencia que debería tener el presidente respecto de los actos electorales, y segundo, por el uso indiscriminado de recursos públicos de todos los ciudadanos y el presupuesto del Estado, que están al servicio de la campaña por la candidatura" de Cristina Kirchner.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, justificó la actitud de Kirchner al afirmar que ello no está vedado por las leyes electorales y "lo que no está prohibido, está permitido en este país".
"Cada uno de los partidos hace su campaña como se le antoja", afirmó Fernández, quien al ser consultado sobre qué fondos se utilizan para solventar la postulación de la primera dama, sus viajes y sus gastos de campaña, respondió: "No conozco".
El ministro, en diálogo con radio Continental, también justificó que el candidato a vice de la fórmula oficial, el radical Julio Cobos, no aparezca en los actos junto con Cristina de Kirchner, al preguntar "quién dijo que tiene que estar en todos los actos".
Asimismo, minimizó el pedido de fuerzas opositoras para aumentar los controles durante los comicios: "En realidad, quienes reclaman estas cosas, o conocen poco o no conocen nada de esto. No es otra cosa que lo que se hace siempre", precisó.
Según Fernández, "lo que se pidió es contar con el software previamente, el programa que se va a llevar a cabo, y nosotros hemos expresado que, apenas estén oficializados todos los candidatos. El control del soft siempre se hace y se pone a consideración de los partidos. Nunca hemos dejado de hacerlo. El que lo pide o no conoce nada, o está un poco distraído".
Fondos
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirmó esta mañana que la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió y la alianza UNA que encabeza Roberto Lavagna todavía no han recibido los fondos del Estado para solventar sus campañas porque "no presentaron el número de cuenta en la que hay que depositarlos". Sin embargo, dijo desconocer si el Frente para la Victoria recibió ese dinero o no. Fernández destacó a radio Continental que el ministerio a su cargo "pone a disposición de los partidos el dinero, y para eso hay que cumplir requisitos mínimos, como decir a qué cuenta quieren que les deposite los fondos".
Julia Izumi (CMI)
