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Juliano Salierno
Tres presos fueron detenidos en un local de videojuegos por la Policía en Coronda. El juez confirmó que todos gozaban del beneficio de las salidas transitorias para realizar un curso de gasista, pero la directora de la escuela aseguró que ni siquiera estaban inscriptos.
Nuevamente, la polémica por quién debe ejercer el control de los presos con salidas transitorias toma el centro de la escena.
El miércoles pasado la Policía de la Unidad Regional XV, del departamento San Jerónimo, detuvo a tres muchachos que se encontraban en un local videojuegos, justo enfrente de la cárcel de Coronda.
El procedimiento consistió en "trabajos de chequeo" a tres sujetos que dijeron ser prisioneros con permiso para asistir a la escuela nocturna N° 80.
Tras la detención, fueron trasladados a la comisaría para ser identificados y luego volvieron a la cárcel por orden del juez de Ejecución Penal, Julio César Arri.
Voceros policiales explicaron que todos los miércoles llega un parte del juzgado con los internos que gozan de salidas transitorias, pero a estos presos no los conocían.
El trío fue identificado como Walter Ríos, Ricardo Giacometti y Víctor Peralta y, si bien trascendió que habrían sido sorprendidos en estado de ebriedad y alterando el orden público, fuentes policiales negaron que haya sido así, aunque uno de ellos "tenía aliento etílico".
"Tal vez estaban autorizados por el juez, pero no inscriptos en la escuela, o a mí no me lo informaron", dijo Alejandra del Sastre, directora del establecimiento educativo para jóvenes y adultos N° 80.
"Las asistentes sociales de la cárcel presentaron ocho solicitudes en marzo" para que esos presos realicen el curso. Sólo asistieron tres, pero sus apellidos no coinciden con los que fueron detenidos el miércoles en el videojuego.
Más aún, estos presos que sí estaban inscriptos ya no participan de los cursos, porque "dos venían salteado y uno abandonó". Por eso "los tres fueron dados de baja el 1° de octubre".
Habían comenzado el curso el 1° de junio de este año, y desde entonces la autoridad escolar llamó a la cárcel para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo con los alumnos, pero no le dieron respuesta.
El curso de gasista se dicta de lunes a viernes, de 19 a 21.20. Es un taller a cargo del Cecla N° 21, dependiente de la escuela nocturna y que funciona en el edificio de Alberti 2122 de la escuela Manuel Gaete.
Consultado el juez Arri, estimó en cinco los presidiarios autorizados para asistir a clases. Todos ellos "tenían salidas transitorias y estaban incorporados al período de prueba porque reunían los requisitos legales y los asistía el derecho a aprender".
El magistrado se refugió en "los organismos técnicos criminológicos del servicio penitenciario" que "hicieron el análisis pertinente y el informe fue favorable para hacer el curso de gasista".
No obstante, Arri desconocía que los tres detenidos el miércoles ni siquiera estaban inscriptos, y derivó la responsabilidad al órgano de administración del penal.
"A partir de esto se les ha suspendido las salidas transitorias provisoriamente", dijo. Y en caso de ser sancionados, "puede ser retrotraído el período de prueba y como consecuencia inevitable perderían la salidas transitorias", confirmó el juez.
Antecedentes
Dos presos de Las Flores y uno de la Unidad N° 9 de Recreo salieron con permiso de los respectivos penales y hasta el día de hoy nada se sabe de ellos. Se trata de sujetos peligrosos, dos de los cuales cumplen condena por homicidios. Además, otro preso se escapó el viernes en Laguna Paiva, cuando dos guardiacárceles lo custodiaban mientras visitaba a su madre.
El juez Julio César Arri se remitió al artículo 17 de la ley N° 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad, en el que se detallan las condiciones y requisitos con los que debe cumplir un interno a la hora de salir, ya sea para visitar a su familia, trabajar, estudiar o para lo que la ley lo habilite.
El artículo parte de la base del cumplimiento efectivo de la mitad de la pena, o haber cumplido los 15 años de prisión en caso de cadena perpetua.
El beneficiado no deberá tener causas abiertas y merecer concepto favorable o beneficioso de parte de los equipos interdisciplinarios del servicio penitenciario. Y es fundamental que el interno tenga conducta ejemplar.