La noticia relacionada con el hurto de energía en el country Ubajay provocó fuertes repercusiones en la ciudad, no sólo porque se trata de un problema recurrente y que termina afectando al resto de los usuarios sino, sobre todo, porque en este caso el robo se produjo en un segmento social con buenos ingresos.
En la EPE mostraban cierta indignación a la hora de brindar detalles de este operativo que se realizó a principios de la semana pasada. De hecho, los funcionarios de la empresa hicieron hincapié en relacionar las importantes valuaciones de los inmuebles inspeccionados, con los montos que sus propietarios "ahorraban" mensualmente a través de este tipo de fraude.
Los dueños de las viviendas "enganchadas" o con sus medidores "tocados" -el 13 % del total de los inmuebles del country- no sólo estuvieron perjudicando al Estado provincial y al resto de la sociedad, sino también a sus vecinos más cercanos. Y es que hoy, los honestos deben soportar la sospecha generalizada que injustamente se cierne sobre todos los que viven en ese barrio cerrado.
Además, quienes decidieron conectarse clandestinamente a la red del alumbrado público estuvieron hurtándole al resto de los integrantes del consorcio, que mensualmente veía cómo se incrementaba el costo de sus expensas.
La falta de escrúpulos, demostrada por estos vecinos, es una muestra de cómo la corrupción ha echado raíces en amplios sectores sociales que no dudan en perjudicar al resto de la comunidad, con el único propósito de sacar alguna ventaja personal.
Hace pocos años, la EPE realizó controles semejantes en otros barrios de clase media y media alta de la ciudad de Santa Fe, con resultados similares a los encontrados en el Ubajay.
La empresa pierde anualmente entre 50 y 60 millones de pesos por efecto de los "enganchados" o por el fraude de quienes adulteran las lecturas de los medidores. Al ser la EPE un organismo estatal, dichas pérdidas afectan a cada uno de los habitantes de la provincia.
Del total de dinero perdido por fraudes y "enganches", el 60 % corresponde a viviendas, negocios o empresas cuyos propietarios están en condiciones de pagar por el servicio.
Otro dato que demuestra la gravedad de la situación es que estos usos irregulares de energía contribuyen a la producción de cortes en el servicio durante los meses de frío o calor, pues la infraestructura de la EPE está planificada para consumos racionales.
Ante la evidencia recabada por los técnicos de la empresa, resultará indispensable que los responsables de estos fraudes rindan cuentas ante la Justicia.
Pero además, la sociedad en general deberá comprender que resulta esencial denunciar ante la empresa cualquier sospecha de fraude, de manera que se tomen las medidas necesarias para conjurar el problema.
Para ello existen números telefónicos gratuitos e, incluso, la alternativa de que este trámite se realice en forma anónima. Denunciar fraudes representa una manera concreta de ser solidarios con la sociedad, que no merece tener que pagar por lo que otros roban.
