El juez federal Nº 4 de Rosario, Germán Sutter Schneider, instó al fiscal general, Claudio Palacín, para que indague sobre cómo se produjo el asesinato del Cnel. Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP en 1974, torturado en reiteradas oportunidades y finalmente ahorcado cuando se negara a fabricarles explosivos.
El magistrado sostuvo que las nuevas presentaciones realizadas por querellante e hijo del militar, Arturo Larrabure, a través del abogado Javier Vigo Leguizamón, abrieron "un campo más vasto y no del todo esclarecido" que es necesario investigar.
Vigo Leguizamón plantó la posible responsabilidad de los Estados argentino y cubano en este crimen, luego de que el fiscal Francisco Sosa considerara que no se trató de un crimen de lesa humanidad porque no hubo participación estatal.
Sutter Schneider agregó que "ante el particular modo aberrante de comisión del crimen (más de un año cautivo con pérdida de gran cantidad de peso antes de su muerte), en el marco histórico del accionar de bandas terroristas (concretamente en la caso la de la organización llamada ERP) en que ocurrió, son razones suficientes como para reconocerle a Larrabure una instancia judicial en la que pueda averiguar en su mayor dimensión posible la verdad de lo acontecido en el crimen de su padre".
De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que se abra una instrucción penal plena si así lo considera procedente el fiscal general Palacín.
Responsabilidad estatal
Según Larrabure hijo, el Poder Legislativo nacional resultaría responsable del crimen por cuanto, el 26 de mayo de 1973, amnistió a los guerrilleros sin desarmarlos, suprimió la Cámara Federal en lo Penal que los había juzgado respetando la ley y la vida, y modificó el artículo 80 del Código Penal para que en el futuro el asesinato de un juez, fiscal o miembro de las Fuerzas Armadas o de seguridad, no mereciera reclusión perpetua. Algunos de los liberados, secuestraron al Cnel. Larrabure.
Enfatizó que una atenta lectura de las crónicas parlamentarias prueba que la clase política contribuyó "a la tragedia sobreviniente", calificando a quienes habían sido condenados por hechos terroristas "perseguidos políticos que lucharon por la liberación y contra la dependencia", y liberándolos sin desarmarlos.
Larrabure recuerda que "de inmediato retomaron su accionar criminal asesinando a José Ignacio Rucci, a Arturo Mor Roig, al capitán Viola y su pequeña hija, asaltando cuarteles y generando un marco tal de terror que los propios legisladores se vieron obligados a reimplantar la legislación que habían derogado".
El hijo del militar también remarca la responsabilidad del Poder Ejecutivo, ejercido por Héctor J. Cámpora, "quien liberó a los guerrilleros antes de que fueran amnistiados", así como la del Poder Judicial que en el período 1973-1976 "no dictó una sola sentencia condenatoria contra terroristas pese a la gravedad de los hechos cometidos".
Respecto de Cuba, recuerda que Ernesto "Che" Guevara, en el Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental, "expuso la estrategia cubana de impulsar en toda América Latina el desarrollo de focos revolucionarios, abogando por inculcar en los guerrilleros `el odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar"'.
Concluye Larrabure recordando que sobre la base de indicios que hacían presumir la participación del Estado iraní, la Justicia consideró crimen de lesa humanidad el atentado a la AMIA, aplicando la legislación internacional a quien quiera haya planificado, incitado a cometer, ordenado, ayudado o alentando su ejecución.
"Resultaría incongruente eximir a Cuba de la responsabilidad emergente del Mensaje a la Tricontinental y de lo actuado en consecuencia. El odio intransigente al enemigo inculcado por Guevara puede palparse en el cadáver de mi padre", finaliza.
