Horacio Alesandria preside nuevamente el Tribunal de Cuentas de la provincia debido a que el 29 de octubre terminó el mandato como vocal de Angel Espósito quien ocupaba la titularidad del órgano de contralor.

Desde ese día, el Tribunal quedó reducido a apenas dos de los cinco vocales que prevé la ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado y la situación se mantendrá, como mínimo, hasta fin de mes.

El Poder Ejecutivo puso en marcha el mecanismo de consulta previo envío a la Legislatura de dos pliegos para ocupar vacantes con más de un año en ese órgano producidas por la renuncia de Silvio Zuchiatti y la muerte de Néstor Priotti. La nueva ley de Administración integra a dos abogados a un organismo que siempre estuvo a cargo de contadores públicos.

Hasta el martes, está abierto el plazo en el Ministerio de Hacienda y Finanzas para presentar impugnaciones a las designaciones de Mario César Esquivel y Sergio Mas Varela para ocupar esos lugares. En caso de no recibir objeciones, el Poder Ejecutivo estará enviado entre miércoles y jueves ambos pliegos para su tratamiento en Asamblea Legislativa. El propósito del oficialismo legislativo es considerarlos antes del 30 de noviembre en que finalizará el período ordinario de sesiones y prácticamente el mandato de los actuales diputados y senadores.

El pasado jueves, Esquivel renunció a integrar la Comisión Bicameral de Acuerdos y las tres comisiones en que representaba al PJ en la Cámara de Diputados.

Alesandria y Nora Vallejos tienen ahora a su cargo las salas y en caso de necesidad de constituirse un plenario lo harán con el fiscal general y un sorteo entre los diez fiscales generales que tiene el cuerpo.

El Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten.

La Constitución determina que los miembros duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político.

Los fallos del Tribunal de Cuentas son susceptibles de los recursos que la ley establezca ante la Corte Suprema de Justicia y las acciones a que dieren lugar deducidas por el Fiscal de Estado.

De la redacción de El Litoral