El jefe de gobierno italiano, Romano Prodi, defendió las drásticas medidas adoptadas por su Ejecutivo que autorizan la expulsión de inmigrantes rumanos considerados peligrosos pese a las críticas de Rumania contra la ley por generar una oleada de racismo y xenofobia.
"Se trataba de una medida necesaria y urgente", explicó Prodi en una entrevista al diario romano Il Messaggero.
"Tengo la obligación de responder a las exigencias de los ciudadanos que piden más seguridad", afirmó Prodi, cuyas medidas fueron criticadas también por sectores de izquierda y de la opinión pública por alimentar corrientes xenófobas.
La medida que autoriza la expulsión de inmigrantes procedentes de otros países de la Unión Europea fue adoptada de manera urgente el miércoles pasado por el gobierno italiano, un día después del hallazgo de una mujer en coma en un foso cercano a un campamento ocupado por inmigrantes rumanos en la periferia de Roma.
La muerte de la mujer, golpeada salvajemente y violada, tras dos días de agonía, conmovió a Italia y en particular a las autoridades de la capital, que exigieron que se aplique la medida de expulsión contemplada en los tratados de la UE, pero jamás aplicada en este país.
Rumania como Bulgaria entraron a formar parte desde enero pasado de la UE, por lo que miles de rumanos pudieron ingresar masivamente a Italia, en donde suelen vivir en condiciones precarias en la periferia de las grandes ciudades.
Los rumanos, 342.200 según las estadísticas oficiales (aunque la organización católica Cáritas eleva esa cifra a 556.000 personas), son la comunidad extranjera más numerosa en Italia.
