El tan temido anuncio esperado para el lunes se tardó un poco y finalmente llegó el día miércoles. El aumento de las retenciones a las exportaciones ya es un hecho.

Pasando en limpio, el cronograma de impuestos que se pagarán para poder exportar granos será de 35% para la soja; 28% para el trigo; 25% para el maíz, y del 30 al 32% para las harinas y aceites. Para el girasol, la suba es de 10 puntos.

Para el Ministro de Economía, Miguel Peirano, los ingresos servirán para "generar estabilidad de precios, crecimiento de las inversiones y fortaleza de la economía".

Para el campo, se trata de otro manotazo en el bolsillo de la cadena productiva para mantener un superávit cada vez más difícil de sostener, debido al enorme crecimiento del gasto público.

Como primer medida, el sector rechaza el impuesto de raíz, por considerarlo una herramienta altamente distorsiva, que castiga a grandes y pequeños.

El segundo aspecto a tener en cuenta es saber qué va a hacer el gobierno con ese dinero. Es interesante la postura del gobernador electo Hermes Binner, quien se manifestó abiertamente en contra, y anunció que iba a trabajar para que esos fondos vuelvan al sector que los generó, aunque todavía no especificó cómo iba a hacerlo.

A propósito de esto, el Secretario de Agricultura Javier de Urquiza sostuvo que "de ninguna manera este tipo de medidas va a afectar la rentabilidad del sector; además, los recursos adicionales se van a destinar a programas de desarrollo rural y atención de los pequeños productores".

Este es, tal vez, el punto más importante a debatir. Para que no quede demostrado que la medida es meramente recaudatoria, el gobierno debería incluir a las entidades del sector en la mesa de negociaciones a debatir el destino de los recaudado.

Hoy, el 4% de los productores más grandes concentra el 60 % de la soja en la Argentina. Se hace obvio que no es a ellos a quien el Estado debe respaldar, sino más bien al resto de los pequeños y medianos, para ayudar a mantener en el interior del país el círculo virtuoso de riqueza que genera el campo.

Como contrapartida, el anuncio trajo la "yapa" del aumento al precio de corte para la leche en polvo de 2.100 a 2.650 dólares, todavía lejos de los 3.200 que reclama la industria.

A partir de ahora, si los precios interancionales se mantienen, el gobierno nacional dispondrá de un 78 % más que el año pasado. Gracias al aumento a las retenciones, contará con U$S 7.400 contra los 4.150 de la campaña pasada.

Tal como era de esperar, la toma de decisiones se sigue haciendo de manera unilateral, el diálogo sigue siendo una linda promesa, y pese a que nadie dice haber votado a Cristina, por lo bajo, muchos reconocen que siguen haciendo buen negocio con la agricultura.

Es una lástima que no se pueda encontrar un equilibrio que permita explotar el buen momento internacional, transformando esta enorme oportunidad en un problema para el mercado interno. Mientras tanto, la ilógica sigue intacta.