Para hablar de la conflictiva relación entre el Poder Judicial y la prensa, antes es necesario señalar factores y situaciones que contribuyen a tensionarla.

En primer lugar hay que mencionar un cambio sociocultural de enormes dimensiones, motivado por una sostenida revolución en las tecnologías de las comunicaciones y su inmediata difusión global, con rápido impacto en las sociedades nacionales y en la cotidianeidad de sus desempeños.

Esta secuencia indetenible de olas de cambio crea en su movimiento nuevos paradigmas, lenguajes, miradas, hábitos, usos y costumbres, valoraciones y afectividades que resquebrajan anteriores cosmovisiones y vivencias, y amenazan la estabilidad de las instituciones y estructuras nacidas de su matriz filosófica y jurídica.

En la Argentina, día a día el derecho pierde potencia como organizador de la convivencia. Y el sentido común se desgrana al compás de la fragmentación social.

Los repetidos escándalos vinculados con la sanción de leyes han desacralizado al Congreso y dejado al descubierto tramas de intereses y miserias que vulneran la noción de bien común.

La sociedad, por tanto, pierde modelos y referencias. La educación pública se degrada y la capacidad de abstraer conceptos e inteligir procesos se oscurece.

La ficción de que los ciudadanos conocen el derecho se hace cada vez más irreal. Y, como ya se insinuó, el mismo sentido común pierde su capacidad aglutinante frente a la fuerza centrípeta de la tribalización social y la faccionalización de las visiones y las conductas de grupos y sectores.

En este terreno movedizo la Justicia y la prensa realizan sus tareas.

Ambas son instituciones clave del sistema republicano que fue tomando forma a partir de las revoluciones norteamericana y francesa en el Siglo XVIII.

La Justicia republicana surgió con fuerza de los escombros de la monarquía absoluta para conferirle al ciudadano naciente las garantías de procedimientos atados a las leyes que sancionaban sus representantes.

La partición del poder total aseguraba contrapesos que evitaban grandes desbalances. Y la prensa, que crecía al calor de la creencia cívica en la libertad, permitía la circulación de las ideas y el ejercicio de la crítica, insumos fundamentales de una república con capacidad de control sobre los poderes instituidos como consecuencia del expreso reconocimiento de la soberanía popular.

Este sistema ideal hoy ha entrado en crisis. En nuestro país, los imaginarios sociales se han astillado. La credibilidad del poder se ha desgastado al ritmo de los fracasos políticos, los golpes de Estado, la violencia ideológica, las hiperinflaciones, la destrucción de expectativas, la pulverización de la moneda, la pauperización de la población, el avance de la corrupción, el aumento de la criminalidad, la extensión de los conflictos sociales.

Uno de los efectos de estas traumáticas experiencias colectivas es la pérdida de confianza en las instituciones públicas, hecho que se refleja en las bajísimas tasas de reconocimiento y valoración que muestran encuestas y sondeos.

Esta realidad, que incluye a la Justicia del país, ha generado caminos alternativos en la búsqueda ciudadana de respuestas a sus problemas cotidianos. Y el camino más rápido ha sido la prensa. Esta situación profundiza el conflicto -a veces sordo; otras, explícito- entre la Justicia y la prensa.

El problema tiene distintas aristas. En primer lugar, la Justicia ha sido una de las instituciones que más tardó en registrar la magnitud de los cambios socioculturales que se estaban registrando. Persistió en su encierro y en la morosidad de sus procedimientos, sin advertir que la aceleración de la historia acentuaba la lentitud de sus respuestas.

Vivimos una época caracterizada por el vértigo, en la que personas y bienes circulan a gran velocidad por el planeta; un mundo en el que los transportes físicos y electrónicos estrechan las coordenadas de tiempo y espacio; una era en la que la comunicación en tiempo real multiplica la productividad del trabajo y la inversión, no son conciliables con procedimientos judiciales basados en normas y rituales de los siglos XIX y XX.

La duración promedio de los juicios, por ejemplo, provoca en estas condiciones daños económicos irreversibles en los patrimonios de los justiciables, y los afecta de distinta manera en los planos personal y sicológico. Ni que decir de las causas penales.

La sensación de estar detenidos por años, en medio de una realidad externa a los expedientes que transcurre a gran velocidad, crea sentimientos de abandono, pérdida y angustia. Y cuando esta percepción se generaliza, se convierte en problema social e institucional.

Así las cosas, la demanda social se traslada a los medios. Lugar equivocado, porque la prensa -sobre todo la televisiva- empeora las cosas.

¿Por qué? Porque no tiene respuestas institucionales, ni bases técnicas, ni capacidad para hacerse cargo de las consecuencias de los casos que expone. Y mucho peor si se agregan elementos contaminantes como el cálculo de un buen rating, la posibilidad de ingresos extra, la ventaja efímera de un triunfo circunstancial sobre un competidor, el arresto populista de quedar bien con la supuesta mayoría.

De modo que en la hipótesis de que obren buenas razones, el periodismo es ineficiente como generador de soluciones. Y si se sobreponen las malas, el daño que se infiere a sí mismo y a la sociedad es difícil de calcular.

No obstante, así están las cosas. Y cada día más, los que se sienten afectados por distintos hechos y situaciones recurren a los medios.

Las razones son tan sencillas como peligrosas. En una sociedad mediatizada e icónica, el periodista con pantalla se vuelve figura familiar y confiable. Está más próximo que el juez institucional y aparece más accesible y humano.

Convertido en juez mediático, el periodista crea la ilusión de una respuesta, recibe al denunciante o denunciado, lo hace hablar, lo muestra al público, y a través de esa catarsis lo hace sentir escuchado y contenido.

Frente a la distancia del juez institucional, el periodista ofrece proximidad. En el análisis del caso, el juez, es técnico; el periodista, inorgánico y emocional. El juez trabaja con normas, jurisprudencia y doctrina; el periodista con el sentido común, influido por los estímulos del set televisivo y las voces de la calle.

Los dos, sin embargo, están atrapados en la misma trampa: la morosidad de la Justicia institucional -que a veces se aproxima a la denegación de justicia- alimenta la justicia express de los medios de comunicación. Las dos son objetables por sus respectivas desviaciones. El desafío, por consiguiente, es poner las cosas en su quicio.

Por eso es importante crear espacios de diálogo, vencer los recelos, desempeñar con seriedad los papeles que a cada uno corresponde, ajustar la sintonía con las necesidades y demandas de sociedades en transformación y colaborar con la modernización de una institucionalidad que revalide su pleno sentido.