Más allá de las circunstancias político partidarias que rodean la aprobación de los pliegos de ayer en la Asamblea Legislativa, es un dato positivo que el Tribunal de Cuentas que actuará cuando Hermes Binner gobierne, tenga mayoría de sus vocales de un origen distinto del próximo gobierno.

Nunca antes, desde que fue recuperada la democracia, ha ocurrido en Santa Fe que el órgano de control de los actos de gobierno -que debe vigilar como se usan los dineros públicos- tenga una conducción de cuna política diferente que la del gobierno. Y el mismo razonamiento cabe para la cabeza del Poder Judicial.

Es que hasta aquí el partido de gobierno, el justicialismo, alcanzó con sus éxitos electorales y sus tentáculos todas esas instancias, cuyo desempeño y confiabilidad resultan imprescindibles para resguardar la calidad institucional. (No puede obviarse que los pliegos de los actuales miembros del Tribunal fueron aprobados de hecho, sin que se reuniera la Asamblea Legislativa).

La novedad de que los controles estarán a partir del 11 de diciembre en manos de la oposición, no es fruto del consenso ni de cierta madurez de la clase política santafesina. Es apenas una ventaja de la alternancia, que -buscada o no- representa otra manifestación del cambio y del deseo de renovación que parece surgir de la elección del 2 de setiembre.