El Gobierno Nacional decidió arbitrariamente colocar un valor para la leche en polvo entera en bolsa de 25 kg para exportación.

Este valor debía ser fijado entre las partes, con la implementación y puesta en funcionamiento de un sistema acordado por el Estado, el sector Industrial y la Producción, que contemplara los intereses de todos los involucrados: para el Estado, que no haya distorsiones en los precios internos y garantizar el normal abastecimiento doméstico, contemplando los requerimientos del consumidor; a la industria le permitiría atender la excelente demanda del mercado internacional, con volúmenes de leche que sobran en el mercado interno y aprovechar valores que alcanzan los u$s 5.000.tn. por leche en polvo, como otros productos con valor agregado con el consecuente ingreso de divisas a la economía nacional; y a los productores, una clara señal de previsibilidad en el mediano plazo de que una mayor producción tendrá un destino cierto, con la atención de los mercados tanto interno como externo, aportando sustentabilidad en el precio que perciba.

Lamentablemente esto que parecía ser un ejemplo dentro de las cadenas agroalimentarias para equilibrar una actividad tan importante como lo es la lechería, lo tiran por la borda con la aplicación de un valor antojadizo, que ni siquiera es el aconsejado por la SAGPyA.

Entonces, a quién le sirve! En junio del año pasado decíamos que "prepotencia no es sinónimo de autoridad", ante medidas tomadas unilateralmente que solo generaron incertidumbre y que se tradujeron en una baja de 9% en producción de 2007.

Parece ser, de acuerdo a versiones que circulan, que algún funcionario se arroga autoritariamente -otra vez-, con el beneplácito de alguna industria, la toma de decisiones en el negocio lechero argentino, desconociendo todo lo trabajado acordado y propuesto por las partes.

Con este tipo de medidas, solo podemos decir que se está atentando contra esta actividad, y quizá cuando los platos rotos los paguen los consumidores -que es a quien dicen defender- a estos funcionarios quién sabe donde los podremos encontrar para reclamarles que en el país de las vacas, gracias a sus decisiones, debamos importar leche.

Los productores tenemos alternativas productivas, ante esta injerencia y falta de señales claras. Nadie por decreto va a producir leche a pérdida, ya quedó demostrado.

No creemos, lamentablemente, que puedan tener alternativas ni las Industrias, ni los trabajadores de ellas, ni los consumidores.

Los productores hicimos todo lo posible por ordenar este negocio contemplando los intereses de todas las partes.

Ante estos despropósitos nos resignamos y solo queremos preguntar ¿a quienes beneficia o a qué intereses?

(*) presidente de Cámara de Productores Lecheros de Córdoba (CAPROLEC)