Andrés F. Sardi (*)
La sociedad vive con estupor y aflicción el aumento desmesurado de la violencia. Esta violencia y la participación cada vez más numerosa de jóvenes en la realización de hechos que violan los derechos más elementales, es un tema de alto impacto periodístico, de profundo interés comunitario y de arduo debate en los círculos científicos, jurídicos y políticos.
Afrontamos un momento en el que se suman condicionamientos estructurales sociales y económicos, que hacen previsible un aumento, aún mayor, de ciertos delitos. La criminología ha verificado algunas correlaciones que determinan terrenos propicios para la comisión de hechos de violencia, por ejemplo: a) más población joven = más delito (nuestro país posee en promedio más del 40 % de su población entre 0 y 18 años); b) más ocio, definido como tiempo fuera de la familia y de la escuela = más delito (en nuestro país el 37 % de los adolescentes en edad de polimodal está fuera de la escuela); c) más desempleo = más delito (en nuestro país se vienen repitiendo índices de desempleo altos desde hace muchos años); d) más inequidad en la distribución del ingreso = más delito; e) menor consumo per cápita = más delito; f) más urbanización (mayor concentración urbana) = más delito.
A su vez, estas variables suelen darse no aisladas, sino en interacción entre sí, lo que potencia sus efectos negativos.
En nuestra sociedad encontramos numerosos grupos de jóvenes, fuera de la familia o fuera de la escuela, o fuera de ambas, en situación de desempleo y de alta inequidad en la distribución del ingreso, en el infraconsumo, en contextos de alta concentración urbana.
Establecida la existencia de estas correlaciones, lo sensato sería actuar sobre las variables que pueden identificarse como generadoras del delito, y no pretender, de manera mecánica encontrar la respuesta en el sistema penal.
Sabemos que no está en la naturaleza y las posibilidades del sistema penal corregir la estructura económica y el conflicto social.
La violencia juvenil con que a diario convivimos, nos remite al debate de la seguridad ciudadana. El concepto de "seguridad ciudadana" se nos presenta como algo difuso, ya que se lo utiliza con muy diversos propósitos, como en épocas pasadas se utilizaron los conceptos de "seguridad nacional" y de "seguridad del Estado" en el plano ideológico, que pretendieron construirse en una razón de ser de la política criminal y justificaron una gran cantidad de atropellos a los derechos humanos.
Seguridad ciudadana en el debate presente, parece estar vinculado exclusivamente a la inseguridad en las calles; y, en este contexto, son los adolescentes los primeros implicados.
¿Será que disciplinando a los adolescentes con las recetas mágicas de bajar la edad de imputabilidad o la aplicación de un sistema de tolerancia cero para el delito lograremos superar la violencia juvenil y construiremos una sociedad más justa?
El accionar violento de los jóvenes, es una temática que es necesario resolver, ella constituye un pequeño fragmento de la realidad, detrás o por encima de ella, existe un universo de infracciones que socialmente no le damos la verdadera identidad de delito o inconscientemente lo justificamos razonando... que estas violaciones al derecho, son una manifestación más de nuestra crisis de valores.
La criminalidad organizada, el narcotráfico, los daños ecológicos, la corrupción, la economía desestructurada, en donde los adolescentes son víctimas, ¿forman parte de la seguridad ciudadana?
Imaginemos por un momento, si los derechos de todos a la educación, salud, ambiente sano, trabajo, justa distribución de la riqueza, ingreso universal a las políticas básicas fueran efectivamente garantizadas, la sociedad ¿sería más segura?
¿Quiénes son los arquitectos de esta sociedad? ¿Son los adolescentes ciudadanos o víctimas de esta construcción?
Es factible resaltar en la historia reciente, dos hechos que motivan el debate sobre la violencia y la inseguridad ciudadana y que suelen presentarse como posibles propuestas de solución al conflicto.
Por un lado, el caso Blumberg, y la militancia de un padre desesperado para que el asesinato de su hijo se esclarezca, fue en su momento disparador, acelerador y catalizador del debate sobre la seguridad ciudadana y la participación de los jóvenes en hechos de violencia. Nada más legítimo que el clamor ciudadano por seguridad en el marco de la libertad y la democracia que fueron las grandiosas concentraciones que la sociedad produjo.
No obstante, es necesario reconocer que entre los aspectos positivos de participación y movilización que generó Blumberg, algunos sectores dispuestos a obtener la "Ley y orden" casi a cualquier precio, comenzaron a percibir la oportunidad de encontrar en las respuestas mágicas de bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad y aplicar penas de prisión, el remedio "eficiente" al delito.
La otra respuesta que de manera espasmódica y siempre en las etapas electorales surge con fuerza, es la propuesta de origen americano en la tolerancia cero contra el delito, aun aquel que fuere más insignificante. Propuesta fácil de incorporar, y con un efecto psicológico inmediato ante el temor de la sociedad y ante la sucesión de políticas erradas que se aplican desde el Estado para mitigar el delito. Tolerancia cero tuvo al alcalde Rudolph Giuliani de la ciudad de Nueva York como su mentor "exitoso" en aquel Estado americano. Estado que como sabemos, dista de las correlaciones que realiza la criminología para países como la Argentina, donde los derechos básicos de la población, están insatisfechos.
Esta tolerancia cero que se pregona sirve para recordar el "Manifiesto de las ciudades: seguridad y democracia" suscripto por 250 ciudades de Europa, reunidas en Nápoles en diciembre de 2000, que establece la tolerancia cero a la exclusión social. Textualmente dice: "Las ciudades acuerdan las siguientes líneas de acción: 1. Programa de prevención y tolerancia cero para la marginación. 2. Respuestas y sanciones eficaces que favorezcan la integración".
Es decir que estas ciudades se comprometen a la prevención social por excelencia, restableciendo el equilibrio entre la prevención, el control y las sanciones. Significa políticas universales de inclusión y la incorporación de la población adolescente, en especial, aquella franja donde sus derechos existan vulnerados, como ciudadanos y constructores de este mundo por derecho propio.
Los fundamentos de una política específica acerca de la violencia juvenil no pueden ser sino aquello que justifican la convivencia social y el control del delito en una sociedad democrática. En el plano de las valoraciones, la forma en que el sistema de control reacciona ante el delito es el reflejo del grado de respeto que la sociedad tiene por la dignidad personal de sus miembros.
Los que abogan por reducir la violencia y la inseguridad ciudadana en establecer un sistema de vigilar y castigar, un sistema de "política policial", actúan sobre uno de los factores, e ignoran que la eficiencia de un sistema de control del delito descansa en la globalidad del sistema, que en toda sociedad que no desee limitar su política a la pena, incluye un sistema de leyes, justicia, policía, servicio penitenciario y primordialmente componentes de los sectores estatales de políticas sociales y no gubernamentales de los sectores más diversos de la sociedad.
