Una comisión del Concejo Municipal de Rosario presentó un informe que revela que 5.775 viviendas corren riesgo inminente de remate judicial por deudas con la ex concesionaria. En Rosario, se iniciaron 8.875 demandas por cobro de facturas impagas entre 1998 y 2005. En la provincia se estima que el valor de los juicios superaría los 45 millones de pesos.
Un informe, elaborado por la Comisión Especial del Agua del Concejo Municipal de Rosario, basado en datos oficiales que aportó la Justicia, revela que 5.775 viviendas "se hallan en riesgo cierto e inminente de remate judicial", y forman parte de las 8.875 demandas por cobro de deudas a usuarios rosarinos que la ex concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe (APSF) inició entre 1998 y 2005 por un monto total que alcanzaría los 26 millones de pesos.
En diálogo con El Litoral, el concejal del ARI Nire Roldán, quien preside la comisión, consideró que, "si se proyectan los montos demandados en Rosario -que concentra el 60 por ciento de la prestación del servicio de agua potable-, se llega a la conclusión de que en las 15 ciudades donde APSF prestaba el servicio los juicios superarían los 45 millones de pesos".
El informe presentado ayer en el Concejo Municipal se confeccionó sobre la base de datos aportados por los juzgados provinciales de los tribunales de Rosario, a raíz de un pedido que hizo la Comisión Especial del Agua. Roldán explicó que el mismo requerimiento se les formuló al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que nunca respondieron. Hace dos semanas, el titular del Enress, Horacio Usandizaga, brindó una conferencia de prensa en Rosario para aclarar que las deudas mayores a cinco años de usuarios con la ex concesionaria están prescriptas. Usandizaga, quien cesará en sus funciones en el ente a partir del 10 de diciembre, había recibido innumerables reclamos por parte de la Asamblea de Derechos Sociales (ADS), que asesora judicialmente a los usuarios.
Los juicios
Según el informe elaborado por la Comisión Especial del Agua, del total de los juicios iniciados por APSF a usuarios de la ciudad de Rosario, 7.050 se originaron en los juzgados de ejecución Civil y Comercial, y 1.825, en los de distrito Civil y Comercial. Los primeros tienen actualmente competencia en causas por montos inferiores a 3.500 pesos, mientras que los juzgados de distrito, para cifras superiores.
El monto de los juicios de ejecución iniciados en los dos juzgados que hay en Rosario por parte de Aguas, actualizados con intereses judiciales a la fecha, es de 9.272.436,12 pesos. En tanto, los procesos abiertos en los juzgados de distrito civil y comercial suman un total de 14.545.077 en las 1.825 causas. A este monto deben agregarse los honorarios profesionales, aportes obligatorios -13 por ciento a la Caja de Jubilaciones de Abogados y Procuradores- y gastos judiciales estimados.
El documento dice, además, que el 63,1 por ciento de los casos se encuentra "en riesgo cierto e inminente de remate judicial. Resta sólo la designación de martillero y fijación de fecha de subasta". En esta situación se hallan alrededor de 5.775 viviendas.
"Estos datos confirman lo que hemos advertido sobre el desembarco de estudios jurídicos que compraron la cartera deudora de Aguas Provinciales e impulsan la ejecución de los supuestos deudores, mediante embargos o el remate masivo de viviendas", afirmó Roldán.
El edil arista consideró que "no es justo que una empresa que por más de 10 años incumplió el contrato de prestación con la provincia de Santa Fe embargue a los usuarios, que siempre fueron los más perjudicados con la falta de servicio".
Desde la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS), Aníbal Faccendini propuso que "de los juicios que eventualmente gane Aguas Provinciales se haga cargo el Estado, sobre todo de aquellos deudores que pertenecen a sectores medios y bajos. Los sectores que pueden pagar y no cumplieron a nosotros no nos incumben. Es injusto que el Estado se haga cargo de un cliente que se endeudó y usó el agua para llenar la pileta de natación", sostuvo el abogado.
En la ciudad de Santa Fe
El Dr. Horacio Usandizaga -quien ha quedo a cargo de la presidencia del Enress-, consultado por El Litoral acerca de si se había dado una situación parecida en Santa Fe, indicó que el martes hubo reunión de Directorio en nuestra ciudad y que el área de Atención al Usuario nada había informado sobre el particular.
El ex senador nacional refirió que el tema fue presentado por una ONG de Rosario "que se mueve mucho en estos temas y que nos trajo dos inquietudes concretas: una, el reclamo por pago de facturas a usuarios comunes y, otra, a los que son casos sociales. Les advertí que en el primero se fijaran que había una resolución donde las deudas prescribían a los 5 años, en tanto que los casos sociales tienen un certificado que así los acredita. De esto informé al Directorio y también ofrecí una conferencia de prensa".
Reiteró que no tenía referencias respecto de una situación parecida a la de Rosario en Santa Fe.
Cabe señalar que El Litoral hizo la pregunta al Enress, organismo que derivó la respuesta al Dr. Usandizaga. En tanto, el responsable del área de Atención al Usuario no se encontraba en el lugar en el momento de concretar la consulta.
De la corresponsalía de Rosario
