El Ejecutivo municipal no asistió a la cita pero envió un escrito. Insiste en encuadrar la situación en la ley Nacional de Pasantías. Bica asegura que fue "sorprendida en su buena fe" y que nunca capacitó a las 600 personas afectadas. Los pasantes piden que les paguen lo adeudado.
De la redacción de El Litoral
Ayer, en la Secretaría de Estado de Trabajo, se realizó la audiencia prevista para tratar el reclamo de los pasantes municipales cesanteados a través del decreto 1317 del intendente Martín Balbarrey y quedaron al descubierto varias contradicciones entre las partes en conflicto.
Estuvieron presentes, además de las autoridades laborales, cinco representantes del grupo de casi 600 pasantes e integrantes de la Fundación Banco Bica. No asistió ningún funcionario municipal, los que optaron por hacer llegar un escrito firmado por el fiscal Rubén Boni, el cual fue entregado en mesa de entradas del organismo.
Allí plantean que la situación de los reclamantes queda alcanzada por la ley Nacional de Pasantías (25.165) y que por ende no puede ser asimilada a una cuestión de naturaleza laboral. "No existe relación laboral entre la Municipalidad de Santa Fe y los reclamantes ... la vinculación existente que quedara sin efecto en virtud del decreto 1317 provenía de contratos de pasantía no susceptibles de generar una relación laboral". Invoca además el Art. 9 de la ley que expresa que "la situación de pasantía no generará ningún tipo de relación jurídica entre el pasante y el organismo o empresa en la que aquel preste servicios".
Sin embargo, fuentes de la cartera laboral que estuvieron mediando en el encuentro informaron a El Litoral que desde la Fundación Banco Bica sostuvieron que la entidad "fue burlada en su buena fe y que iban a brindar las explicaciones ante el juez Penal en turno porque nunca en la realidad existieron verdaderos contratos de pasantías entre las partes sino que se trataba de cursos de capacitación a aquellas personas que la Municipalidad indicaba y remitía de acuerdo a las necesidades de las diversas áreas municipales".
Según la misma fuente, esto "fue corroborado por los reclamantes (pasantes), quienes le dieron la razón a la Fundación y plantearon que en verdad la Municipalidad los hizo cumplir prestaciones típicas de agentes municipales pero sin acto administrativo que avalara tal hecho, con el agravante de que personal superior de carrera de diversas áreas del municipio estaban extendiendo certificados de trabajo, lo cual contradice el argumento esgrimido por la Municipalidad".
Sin embargo no puede negarse la existencia del decreto 618 del 12 de agosto de 2005 mediante el cual queda registrado el convenio marco de pasantías con la firma de autoridades municipales y de la Fundación.
Ante la consulta periodística, la autoridad laboral interviniente aclaró que "en el Estado no existe el trabajo en negro, debe mediar un acto administrativo que avale la relación que origina el empleo público o existir una locación de la que habrá que determinar las responsabilidades y consecuencias jurídicas de tales actos, pero no es competencia de esta Secretaría sino del Poder Judicial en caso de que alguien recurra".
Por último, dejó entrever una seria irregularidad: "Se habla de que son alrededor de 600 los presuntos involucrados o reclamantes de esta situación pero la Fundación insiste en que no dieron cursos a esa cantidad de personas".
Carta de los pasantes
Terminada la reunión, los representantes de los pasantes entregaron una carta a este medio con la firma de "trabajadores municipales".
"Cada vez que profundizamos en nuestro reclamo y nos adentramos en cuestiones legales laborales nos vamos encontrando con un panorama más complicado, más sombrío y más irregular", sostienen en la carta los "600 trabajadores municipales".
"Así fue que descubrimos que nunca fuimos pasantes puesto que la ley Nacional de Pasantías nunca nos comprendió, no todos eran estudiantes universitarios, terciarios o de nivel superior, y los cursos realizados de capacitación no encuadran dentro del marco de dicha ley puesto que no éramos alumnos de la Fundación Bica que prestara dicho servicio".
Así descubrimos qué tipo de vinculación trata de establecer la Municipalidad, claro que ésta no sólo no cuadra con lo que dispone la ley Nacional de Pasantías Nº 25.165 sino que deja al descubierto que nuestra situación no es distinta a la de un trabajador que cumple funciones en negro, sin ningún tipo de marco legal y sin ningún tipo de beneficio establecido por la normativa laboral y previsional".
Los pasantes remarcaron varias consideraciones: "Que la Municipalidad nos encuadra como pasantes dentro de un marco legal que no nos correspondía volviendo ilegal el contrato establecido; que el Ejecutivo sabía desde un principio que no todos los pasantes entraban dentro de la calidad de estudiantes próximos a recibirse; que el estímulo económico que se percibía se realizaba mediante recibo de sueldo, con un número de código, de agente y lugar donde prestaba funciones de la misma manera que lo hacía un empleado efectivo, sólo que sin aportes jubilatorios, ni obra social, ni seguro; y que el carácter transitorio invocado se extendió por meses y años.
Por último recuerdan que el punto fundamental del reclamo era el pago de los días trabajados por la prestación de servicios cumplidos. "En su escrito el fiscal municipal expresa que se está analizando la viabilidad del pago. Pues bien, debe ser un análisis expeditivo, no olvidemos que sólo restan días para que esta gestión, que es la que adeuda los pagos, termine. El tiempo apremia".
Otra audiencia
La cartera laboral citó a las partes que intervienen en el conflicto a nueva audiencia para el próximo jueves, a las 11. Desde el municipio no informaron si asistirán en esta oportunidad.
