La Justicia Penal de Tostado abrió una causa por presuntas "irregularidades" detectadas en la administración de fondos y recursos de la Unidad Regional XII de Policía, del departamento 9 de Julio. La denuncia la hizo un subcomisario que hasta hace poco pertenecía a esa dependencia, y fue trasladado tras ser sumariado.
Máximo Miguel Pagura tiene 39 años, hace 20 que es policía y 17 que se desempeña en el departamento 9 de Julio. "Siempre estuve a favor de una política de conducción clara y transparente", redactó en la denuncia que presentó el 25 de noviembre pasado, en el Juzgado de Instrucción y Correccional de distrito N° 15 de Tostado, a cargo del juez Julio César Clementín.
La decisión de acudir a la Justicia se debió a que "desde hace un tiempo vengo notando que la actual jefatura ha tenido actitudes hostiles, llegando incluso a dictar una actuación sumaria administrativa, por un entredicho" con otro subcomisario, "cosa que es totalmente incierta", desmintió.
Tales hostilidades refieren a que el 1° de noviembre le iniciaron un sumario, y el 24 del mismo mes lo notificaron de un traslado, con destino a la Unidad Regional XIII de San Cristóbal. Medida ordenada mediante una resolución firmada por el jefe de Policía de provincia.
Auditoría contable
Dada la gravedad de la denuncia, el juez Julio César Clementín ya ordenó las primeras medidas para aclarar el hecho. Entre ellas, se destaca la recepción de declaraciones informativas a los principales jefes de la jurisdicción. Además, pidió un perito de la Corte Suprema de Justicia para realizar una "auditoría contable" de los libros de la unidad.
Fuentes tribunalicias informaron esta mañana que ya declararon el jefe de la Unidad Regional XII; el jefe de Logística y el Habilitado (responsable de la administración de recursos) de esa unidad.
El juez Clementín también se comunicó con la Corte provincial, para pedir un profesional calificado para analizar los libros contables de la policía.
Finalmente, fue designado el contador público oficial Mario Machado, quien está encargado de "producir la pericia contable".
Un vez completada la labor, "de acuerdo al informe resolveremos la situación", aseguraron desde el tribunal. No obstante, todavía no se constató la comisión de delito, motivo por el cual aún no hay imputados en la causa.
Hechos concretos
En cuanto a los hechos concretos, el denunciante se refirió a partidas presupuestarias provenientes de las arcas del Estado provincial destinadas "al arreglo de unidades móviles", en cuyas facturas "obran precios sobreelevados".
También cuestionó que sobre una partida de $ 18.000, se utilizaran sólo $ 8.000 para la alimentación del personal, "debiendo existir un sobrante del que se desconoce su destino", entre otros.
El denunciante termina su escrito solicitando al juez que aclare la cuestión, dado que "como hombre identificado con el bienestar común, me siento afectado por las maniobras que viene ejecutando esta gestión en contra de la propia administración".
Cabe destacar, que ante las numerosas sospechas, Pagura reiteró la denuncia el 26 de noviembre en la División Investigaciones Judiciales y Administrativas Zona Centro-Norte de la Unidad Especial de Asuntos Internos.
De la Redacción de El Litoral
