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El abogado de la familia dijo que sus defendidos declararán sólo si la jueza levanta el secreto de sumario. La esposa, los dos hijos y otras tres personas, están siendo investigados por la muerte por envenenamiento del represor detenido.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, tenía previsto indagar esta tarde a los tres familiares del prefecto Rodolfo Febres, que están detenidos desde ayer a la madrugada. Se los investiga por la muerte por envenenamiento del represor de la ESMA, cuya sentencia iba a ser leída este viernes.
La convocatoria había sido fijada para las 10.30 de hoy, pero fue pospuesta para las 15. En ese sentido, el abogado de la familia, Martín Orozco, adelantó que los familiares de Febres no evadirán la convocatoria y declararán ante la magistrada, si se confirma la versión de que la jueza levantaría el secreto de sumario.
Asimismo, Orozco calificó como una "mentira infame" las especulaciones acerca de la existencia de un móvil económico en el presunto homicidio del represor y aclaró que Febres no tenía otro seguro de vida más que "el que le da la Prefectura".
Stella Maris Guevara y sus hijos, Héctor Ariel y Sonia Marcela, serán trasladados al despacho de la magistrada, donde su abogado ya adelantó que pedirá su excarcelación.
Sospechoso prófugo
Febres murió envenenado en su lugar de detención, aparentemente con cianuro, días antes de conocerse la sentencia del juicio que se le seguía por crímenes de lesa humanidad.
Su esposa, sus dos hijos y otras tres personas fueron detenidas por la jueza Arroyo Salgado, quien determinó que Febres había cenado con ellos en la dependencia de Prefectura en la que estaba alojado, horas antes de que falleciera aparentemente por ingerir cianuro.
El jueves habían sido apresados dos miembros de la Prefectura Naval: el jefe de la zona Delta, prefecto mayor Rubén Iglesias, en cuya jurisdicción estaba detenido Febres, y un agente que lo custodiaba, y según fuentes judiciales habría otro sospechoso prófugo.
Además, la magistrada participó el viernes de varios de los allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en búsqueda de datos que determinen quién envenenó a Febres.
Cianuro en sangre
Febres, de 66 años, fue hallado muerto el lunes último en una celda de la Delegación Delta de la Prefectura, en Tigre, donde estaba preso mientras era sometido a juicio oral y público por cuatro casos de secuestros y torturas en el centro clandestino que funcionó en la ESMA durante la última dictadura militar.
Los análisis determinaron que habría una "importante cantidad de cianuro en la sangre" del cuerpo de Febres, lo que motivó a la Justicia a investigar si se suicidó o fue asesinado.
Precisamente el viernes, el Tribunal Oral Federal 5 de esta capital iba a dar a conocer el veredicto del juicio en el que la defensa había pedido 25 años de cárcel. Además, el acusado podía ejercer su derecho a pronunciar sus últimas palabras antes del fallo.
Febres estuvo vinculado a la apropiación de bebés nacidos en cautiverio en la ESMA, por lo que había una esperanza entre los organismos de Derechos Humanos para que aportara datos acerca del destino que corrieron los hijos de desaparecidos.
Bussi en prisión domiciliaria
El ex represor y ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi gozaba hoy del beneficio de la detención domiciliaria, momentos en que se reactivó la polémica sobre los lugares de arresto de acusados por crímenes de lesa humanidad, tras la muerte del militar Héctor Febres, vinculado también al terrorismo de Estado.
En medio de un discreto operativo de seguridad, Bussi fue trasladado ayer por la tarde desde el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, perteneciente al Ejército y donde funcionó el centro clandestino de detención y exterminio más grande del NOA, al Yerba Buena Golf Country Club.
En ese elegante barrio, el hijo del ex represor, Ricardo Bussi, legislador provincial y ex senador nacional, tiene una propiedad.
El beneficio de prisión domiciliaria del ex jefe del Operativo Independencia había sido otorgado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, y lo puso en marcha el conjuez federal Santiago Casanova.
El permiso a favor del ex represor se concretó el mismo día en que la Asociación Abuelas de Plaza Mayo solicitó a la Justicia que los militares detenidos por violaciones a los derechos humanos en unidades castrenses sean "trasladados de inmediato" a cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal.
DyN
