El nuevo mecanismo para la selección de candidatos a jueces que regirá en la provincia incluirá una evaluación de su perfil democrático, prevé la participación directa de la ciudadanía en el proceso y obligará al gobernador a dar explicaciones si altera el orden de la terna vinculante que le presentará el Consejo de la Magistratura.
Según trascendió al cierre de esta edición -en forma previa a la conferencia de prensa en la que el ministro de Justicia, Héctor Superti, iba a dar a conocer el nuevo decreto de autolimitación del Poder Ejecutivo en la materia- el mecanismo por el cual se definirá los pliegos de jueces de primera instancia y camaristas que se remitirá para su consideración a la Legislatura constará de dos etapas claramente diferenciadas.
La primera es una evaluación técnica de los inscriptos, tomando en cuenta sus antecedentes y a través de una prueba de oposición. Como novedad, Superti adelantó que en esta etapa no participarán el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia, y en cambio sí lo harán las universidades, junto a los colegios de abogados y magistrados.
Los tres mejores promedios pasarán a la segunda etapa, pero antes de ello se contará con un informe sobre el perfil sicológico y psicotécnico de aptitud de los candidatos. En la entrevista se evaluará específicamente el perfil democrático de los candidatos, y la comunidad tendrá la posibilidad de participar directamente y formular preguntas, con la sola limitación de hacerlo sobre cuestiones generales -y no personales- y dirigidas a todos los candidatos, y no a uno en particular.
Como resultado de todo esto, el Consejo de la Magistratura presentará al gobernador una terna de candidatos, donde estarán ubicados por orden de mérito. El mandatario estará obligado a ceñirse a los nombres de esa terna -que ahora será vinculante-, pero no necesariamente al orden de la misma. De todos modos, en caso de que desee alterarlo y enviar el pliego del candidato colocado en segundo o tercer lugar, deberá explicar los motivos.
Los objetivos genéricos que se plantea la reforma son "el aumento de la transparencia, de la excelencia, celeridad, participación ciudadana y regionalización".
Este último punto está cubierto por la modalidad de reuniones que asumirá el organismo asesor, que ya no se realizarán indefectiblemente en esta capital, sino en la circunscripción que corresponda en cada caso, según la localización de los cargos a cubrir.
