-La propia Corte tuvo cambios en su integración, con la incorporación de Daniel Erbetta como ministro y Agustín Bassó como Procurador. ¿Esto cambió la dinámica del cuerpo?-Son personas con un perfil destacado, en distintos ámbitos. A partir de ahora tendremos la oportunidad de ver su desempeño. Por lo pronto, uno aporta todo lo valioso que pueda tener una larga trayectoria en el Poder Judicial y su participación en el Colegio de Magistrados (Bassó) y otro una dilatada trayectoria en el mundo académico, con perfil nacional, y también en cuanto a la actuación profesional como abogado (Erbetta). Todo eso contribuye a dar distintas visiones, que son importantes para un cuerpo colegiado que está a la cabeza del Poder Judicial. Son miradas significativas para elaborar un camino, donde cada uno va señalando lo bueno y lo malo que ha visto. -En tanto, el mayor impulso de cambio vino por el lado del Plan Estratégico para el Poder Judicial. ¿Qué viene después de todos estos proyectos de reformas?-Seguir bregando por optimizar la prestación del servicio de justicia. En la búsqueda del valor justicia intervienen todos los poderes del Estado y la sociedad también. En la prestación del servicio de justicia de manera eficiente, nosotros debemos contribuir con nuestra experiencia, que nos permite visualizar los déficits y cuestiones a modificar. Creo que tenemos no sólo el derecho, sino el deber de señalar propuestas de cambio. Lo hicimos en el marco de la facultad que nos otorga la Constitución de la Provincia. Por supuesto, sabiendo que quienes tienen toda la autonomía para aceptar, modificar o rechazar esos proyectos son los otros poderes del Estado, que es lo que implica un régimen republicano de gobierno. Cuando nosotros señalamos la necesidad de algunos cambios, es producto de la inmediatez que tenemos en cuanto a la marcha del Poder Judicial y a los problemas que se puedan detectar. -Sin embargo, hubo alguna objeción a la participación del Poder Judicial en el proceso de formación de futuras leyes, siendo que luego tendrán la función de controlar su constitucionalidad.-Pero no es lo mismo. Una cosa es proponer un proyecto de reforma, sujeto a lo que dispongan los otros poderes, y otra decir si una ley es inconstitucional o no. Primero, nos ampara la Constitución. Segundo, en un estado de derecho moderno, negarle esto al Poder Judicial no se condice con la idea de ampliar la base de participación. Tener un Poder Judicial cada vez más eficiente es una política de Estado, que requiere la intervención de los tres poderes. Así lo ha señalado la Conferencia Nacional de Jueces, a través incluso de la Corte Nacional. -Mientras tanto, la Corte nacional hizo un fuerte llamado de atención sobre el proceso penal santafesino, y hubo otros fallos de cámaras provinciales referidos al Código de Faltas y el de Menores.-Esto nos preocupa y nos ocupa. Por eso, después del fallo de la Corte Nacional en el caso Diesser (la muerte de Natalia Fraticelli), dictamos la acordada 32, para corregir los principales problemas señalados, con las herramientas a nuestro alcance. Lo hicimos integrando todas las salas penales de la provincia, para que una que haya intervenido en una cuestión previa, no lo haga después en el análisis de mérito de la sentencia de fondo. Hicimos una especie de rotación. Esto, conscientes de que la solución de fondo es modificar el sistema procesal. Ahora hay un Código sancionado, que todavía no está en vigencia, pero por lo menos hay una luz que está alumbrando el cambio. Después serán necesarias las leyes complementarias. En cuanto a los códigos de Faltas y Menores no hay fallo de la Corte y los pronunciamientos son en distinto sentido. Pero también sobre eso hay proyectos de modificación a la ley actual. -¿Cuáles son los principales desafíos para 2008?-Primero, seguir avanzando con las reformas que se están haciendo. No sólo con el proceso penal, que es el de mayor exposición, sino a nivel civil y laboral, que son cambios de muchísima importancia. Y establecer la mediación como forma de resolver conflictos de manera ágil y menos costosa, y aliviando el congestionamiento de los tribunales. Aspiramos a continuar con obras necesarias en toda la provincia -como la segunda parte del palacio de Tribunales en esta capital o los espacios para los juicios orales- y nos gustaría que se instale la discusión sobre la creación de los tribunales de pequeñas causas y la Policía Judicial, que en esta nueva etapa sería un aporte fundamental para la preservación de las pruebas. Y creo que la ampliación de la estructura judicial es imprescindible, no sólo por los nuevos cargos que demandará la oralidad penal, sino por el sostenido incremento de la litigiosidad en materia civil y laboral. Creo, y entiendo que hay conciencia de ésto en los tres poderes del Estado, que contar con suficiente número de jueces, funcionarios y empleados es necesario para que la intención de cambio no termine en una decepción. -¿Actualmente hay demoras?-Bueno, hay cierta demora inevitable cuando hay un proceso de selección como es el que hace el Consejo de la Magistratura. Pero para eso contamos también con el mecanismo conocido como "banco de suplentes", que nos permite tener jueces con sus pliegos ya aprobados, en condiciones de cubrir vacantes en forma transitoria. Mientras tanto se trabajó muy bien, e intensamente. En los últimos cinco años se enviaron 107 pliegos, y 99 de ellos fueron aprobados por unanimidad. Eso implicó una dedicación muy fuerte, incluso restando horas al tiempo personal. Creo que es justo destacar el trabajo que se ha hecho. -A partir de ahora, la Corte, al igual que el representante del Poder Ejecutivo, no participará del proceso de selección. ¿Conoce los motivos, o hubo alguna consulta al respecto?-No, no hemos sido consultados. Y en cuanto a los motivos, no sabemos más de lo que dicen los fundamentos del decreto. -En este plano, se sigue el modelo nacional, aunque en algunas provincias es diferente.-Exacto. En la última reforma del Consejo nacional se dejó afuera a la Corte. Pero ocurre a la inversa, por ejemplo, en las provincias de Buenos Aires, Mendoza o Córdoba. De todos modos, es obvio que el Consejo como existe en Santa Fe, creado por decreto, es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, por lo cual tiene plenas facultades para modificarlo e incluso, si quisiera, dejarlo sin efecto. Es una limitación que se autoimpone el gobernador, en el proceso de selección de candidatos a jueces, que luego requieren aprobación legislativa.

Emerio Agretti

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